El país del Ajuste sin fin

Lo que implica la Decisión Administrativa 20/2026

El programa económico de Javier Milei es, al decir de Diego Giacomini, “dinámicamente incosistente”. El fracaso se comprueba a diario, y el sostenimiento de un dogmatismo absurdo tiene a las familias endeudadas, a las empresas quebradas, a los trabajadores despedidos, al Estado paralizado en sus funciones esenciales y a los consumidores sin consumir.

La receta propuesta es tan simple como brutal. Conseguir el equilibrio fiscal mediante un ajuste cruel que recae sobre las espaldas de la clase media, y una vez conseguido ese equilibrio, recomponer la macroeconomía, o sea juntar los recursos necesarios para garantizar el pago de una deuda exponencial que se financia por ahora con la emisión de nueva deuda. La teoría es que, una vez tonificada esa macroeconomía, las inversiones se fortificarían y la economía volvería a arrancar. No importa para nada el costo social enorme que se está pagando en medio del tránsito de este programa delineado por el gobierno desde una autoproclamada ortodoxia.

Pero la realidad tiene una inquebrantable tozudez, y cada seis meses demuestra la inviabilidad de lo que están haciendo. Los salvatajes extremos se han hecho costumbre, y el FMI y Donald Trump, contrariando toda lógica económica, han acudido para sostener un gobierno al borde del colapso.

A finales de diciembre del año 2025, Milei, entonado y reforzado por su victoria electoral de medio término, logró sancionar la Ley del Presupuesto 2026.

Se supone que el presupuesto es una previsión razonable del acontecer futuro de las finanzas públicas, y es sabido que suelen ocurrir errores que impiden la proyección concreta de los supuestos considerados en la ley.

Pero lo que resulta insólito es que, a cuatro meses de avanzado el año, todos los pronósticos hayan resultado fallidos.

Se estimaba una inflación anual del 10,1% para todo el año 2026. En solo tres meses se superaron los vaticinios anuales. ¡Un disparate total!

¡Imaginen a un empresario que le pide a un contador una proyección anual del giro de sus negocios, y este trabajo demuestra ser un fiasco total en solo tres meses! Evidentemente lo más probable es que el contador fuera despedido.

Javier Milei no se parece a ese empresario hipotético. Al contrario, refuerza su apoyo en un equipo económico que ha dado una prueba notable de incompetencia al formular sus cálculos.

Sabemos que los profesionales de la economía son unos magos a la hora de explicar porque no pasó lo que debería haber pasado, pero creo que es hora de que se hagan mínimamente responsables por sus dichos, máxime cuando estos se reflejan nada más y nada menos que en el presupuesto nacional.

¿Cómo pedir confianza y credibilidad, cuando hay tamaña muestra de ineficiencia en la previsión de las cuentas públicas?

Pero no es solo el dato inflacionario el que conmueve los cimientos de la programación económica del gobierno. Mucho más grave es lo que ha pasado con el dictado de la Decisión Administrativa 20/2026 que se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial.

El cuestionadísimo Manuel Adorni, en su carácter de Jefe de Gabinete es el firmante de esta norma y lo acompaña con su firma el ministro Luis Caputo. Una Decisión Administrativa de esta naturaleza tiene un rango normativo superior al de una resolución ministerial, sin llegar al estatus de decreto presidencial, pero de una fuerza legal importantísima. Está dentro de las facultades constitucionales que le competen al funcionario a cargo, y por ende, absolutamente legal, aunque pueda no gustarnos.

Todo el trabajo parlamentario en las comisiones, los invitados que expusieron en el Congreso, las partes interesadas que hicieron llegar sus sugerencias, y los gobernadores de provincias que propiciaron incorporación de textos en el presupuesto nacional en defensa de sus intereses provinciales, han trabajado en vano. Los acuerdos logrados se tradujeron en una ley que, por obra y gracia de esta Decisión Administrativa, han sido aniquilados.

El dictado de la Decisión 20/2026 implica, “per se”, una serie de hechos que creo necesario puntualizar.

El primero es que, a solo cuatro meses de su sanción, el gobierno se ha visto forzado a reconocer la inviabilidad del presupuesto 2026. Las correcciones presupuestarias en la Argentina han sido recurrentes en nuestra historia reciente. Creo, sin embargo, que esta, por su magnitud y cronología, debe ser una de las más importantes que se registren. Reformular las partidas presupuestarias como lo hace la mencionada decisión firmada por Adorni y Caputo, en los montos y partidas anunciados, es un reconocimiento explícito de que se equivocaron seriamente en sus previsiones.

El segundo dato que hay que analizar es que, según las informaciones periodísticas, la decisión administrativa recientemente dictada, implica un recorte de aproximadamente 1,47 billones de pesos. Para que el lector dimensione la magnitud, 1 billón de pesos es el número uno seguido por la friolera de doce ceros.

¿Y esto qué significa? ¿Porqué lo hacen si ya lograron, según ellos, el equilibrio fiscal?

Pues sencillamente porque el equilibrio fiscal declamado es falso. Es evidente que la caída de la recaudación como consecuencia de la recesión que sufre nuestra economía está poniendo en riesgo esa meta, y entonces se han visto en la obligación de hacer un nuevo ajuste. No es el primero, ni probablemente sea el último. Mientras no haya reactivación económica sostenida, periódicamente tendrán que hacer cosas parecidas.

Es un círculo vicioso, economía frenada, disminución del consumo, caída de recaudación tributaria en términos reales, necesidad de un nuevo ajuste.

Y lo que asusta es que estamos ajustando sobre lo ya ajustado. La Educación y la Salud Pública, ya eran materia de restricciones asfixiantes que pusieron en riesgo su sustentabilidad, y ahora reciben un nuevo hachazo que recorta su financiamiento. Otro tanto es aplicable a la Obra Pública, y a diversos programas estatales.

Adjunto para aquel que quiera estudiarla, el texto íntegro de la decisión administrativa 20/2026. Comprobarán allí que su estudio tiene una dosis de imprescindible tecnicismo, ya que no solo recorta partidas, sino que reasigna otras, lo que explica de alguna manera las diferencias en las informaciones periodísticas que hablan de un recorte de 3 billones de pesos versus otras que sostienen que el ajuste es de 1,47 billones de pesos. Yo tomo esta cifra menor, que es el resultado aparente de netear las reasignaciones. Y fuere cual fuere el monto, la magnitud de las cifras es monstruosa y requiere un profundo análisis ya que, así como muchos sectores salen perdidosos, otros tantos obtiene alguna mejoría, como por ejemplo se incrementan las partidas con destino a pago de juicios previsionales con sentencia firme.

Decisión Administrativa 20/2026

Un informe de “Infobae al Mediodía” tiene una contundencia explicativa que me mueve a transcribirlo.

Dicen los periodistas de Infobae: “¿Cuál es el norte del gobierno? Hasta ahora es recorte, recorte y más recorte. 1,47 billones de pesos es el total que suman todos los recortes en distintas áreas que se conocieron hoy a partir de publicaciones del boletín oficial que equivale al 1,6% de PBI, si vos tomás todo el presupuesto de educación para la Argentina es poquito más del 4% del PBI, o sea que te está recortando casi la mitad, por ejemplo de una de las partidas más importantes de gastos que tiene el gobierno. 1,47 billones de pesos es lo que dice el gobierno que se va a ahorrar, el argumento es que se recortan gastos superfluos. Pero fíjense cuales son los recortes que se hacen, y ahí es donde digo: ¿Che, de verdad vas a recortar acá?: Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, $ 55.465 millones de pesos menos, en un área que ya está justísima, ¿qué quiero decir? es un área que viene reclamando más plata, ¿cuál es la respuesta?, sacarle más plata, entonces tenés cincuenta y cinco mil millones y medio de pesos menos, para esa área que ya estaba ajustada y que es un área que hay demanda; educación también $78.768 millones de pesos menos, acá está incluído, por ejemplo el plan de alfabetización. Vamos a Salud, $63.021 millones de pesos menos, acceso a medicamentos e insumos, $20.000 millones menos, tratamiento contra el cáncer $5.000 millones menos. Vamos con dos recortes más que tienen que ver con infraestructura hidráulica $27.000 millones de pesos menos, y en infraestructura vial $97.000 millones de pesos menos, esto es rutas, o sea están bárbaras las rutas, no necesitan plata…Seguridad, que aparece siempre que miramos los reclamos de la sociedad, $34.380 millones de pesos menos también para esa área. Por supuesto que el dinero es finito, digamos, ¿cuál es la manera de que haya más plata para todos? ¡QUE LA ECONOMIA CREZCA!

Me he tomado la licencia de la transcripción literal de los dichos de estos periodistas, porque a mi juicio explican con claridad de que estamos hablando.

El diputado nacional tucumano Pablo Yedlin, apunta con precisión que los ajustes en el área de salud incluyen $25.000 millones menos en fortalecimiento a los sistemas provinciales de salud, $20.000 millones menos en medicamentos, insumos y tecnología médica, $900 millones menos en el programa de salud sexual y procreación responsable, $831 millones menos en el INCUCAI, $800 millones menos del programa de lucha contra el Sida, tuberculosis y hepatitis virales, y $500 millones menos en vacunas. Yedlin pone un alerta sobre la situación de la Salud Pública y nos dice que ya hay un 30% de sobrecarga del sector público, lo que, sumado al cierre del programa Remediar y un 419% de aumento en las prepagas está colocando a la totalidad del sistema sanitario nacional en una tensión insostenible.

Y vale recordar que estos recortes son nuevos, que se aplican sobre recortes ya efectuados. ¡Terrible!

En paralelo a estas crueldades, en todo el país se registraron marchas de protestas en defensa de la educación y la salud pública. Estando en Buenos Aires tuve la oportunidad de ver con mis propios ojos una movilización multitudinaria, con una participación juvenil que emociona y se entiende plenamente. Al fin y al cabo es su futuro educativo el que está en juego.

Pero el gobierno está decidido a ignorar todo. No hay movilización alguna que le haga cambiar de opinión. No es una demostración de fortaleza, es signo de una evidente necedad y un desprecio absoluto por las instituciones republicanas.

Porque, y esto es muy importante destacarlo enfáticamente, lo que se le está reclamando al gobierno es que cumpla las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Nada más y nada menos que esto. Lo que debiera ser una premisa básica de la institucionalidad es violada sin pudores por un gobierno al que no le interesa en absoluto la supremacía de la ley.

El Parlamento nacional se ha expresado reiteradamente y con la contundencia de mayorías implacables, y el gobierno se niega a cumplir las leyes sancionadas. Y apela a la Justicia en búsqueda de una complicidad vergonzosa para justificar sus actos. Habría que ver la decisión administrativa 20/2026, porque, no vaya a ser que, en medio de tantos recortes, nos aparezcan algunos incrementos sospechosos de partidas para algún sector específico del Poder Judicial. Según nota del diario La Nación que lleva la firma de Fabián Marelli, las planillas anexas muestran un refuerzo de $115.194 millones de pesos más, para actividades centrales del Poder Judicial de la Nación y unos $22.000 millones de pesos más para la Corte Suprema de Justicia, bajo el programa “Justicia de máxima instancia”, destinados, entre otras cosas, a bienes de uso y adquisición de equipamiento informático. Si esto es cierto, mientras recortamos a los enfermos de cáncer o tuberculosis, aprovechamos para engrosar los recursos de algunos estamentos del Poder Judicial, el mismo poder al que le pedimos que nos acompañe con sus fallos para que no cumplamos con las leyes sancionadas por el Congreso Nacional. Preocupante.

Mientras tanto la economía real sigue haciendo de las suyas, aunque nadie quiera mirarla a los ojos. Infobae publica ayer una noticia con un titular que dice: “Loma Negra golpeada por la caída de la actividad: la cementera más grande del país apagará su principal horno hasta noviembre”. Sin palabras. Si una empresa como Loma Negra dice que no puede afrontar los costos energéticos y la caída de la actividad de la construcción, ¿qué le queda a las pequeñas y medianas empresas que agonizan sin merecer titulares de la prensa?

Loma Negra apaga sus hornos hasta noviembre 2026

Por otro lado, un informe del economista Guido Agostinelli toma los datos del INDEC para sostener que se ha detectado una fenomenal caída de la inversión extranjera directa en nuestro país, que indicaría que en el año 2023 se habría registrado una inversión de U$S 24.700 millones de dólares, para bajar al año 2024 a unos U$S 11.600 millones de dólares y en el año 2025 se habría reducido el monto a unos U$S 3.200 millones de dólares. Además destaca que la reinversión de utilidades, que en el año 2023 era del 80,3% bajó al 69.9% en el 2024 y al 51,2%.

Esto significa que la inversión de capital extranjero, uno de los anhelos más grandes del gobierno para apuntalar la revitalización económica, no solo no aparece, sino que está en caída libre. Y los inversores no invierten porque no tienen confianza en este plan económico, que solo les sirve para ir sacando del país el máximo de utilidades que puedan. Tan sencillo como se escribe.

Con movilizaciones en las calles, con la angustia en los hogares de la clase media, con el cierre y suspensión de fábricas e industrias, con cientos de miles de despidos ya concretados, con una pérdida del poder adquisitivo del asalariado angustiante, con la parálisis del estado, con la caída de inversiones, el tercer año de la gestión Milei, solo nos ofrece como respuesta válida un nuevo ajuste y más asfixia económica.

Y el ajuste de la casta brilla por su ausencia. Los escándalos de corrupción de una promiscuidad y torpeza asombrosa salpican al presidente y su entorno, y la única respuesta que brindan es una victimización absurda, un ataque grosero a quienes difunden las noticias y un insano abroquelamiento de filas para defender lo indefendible.

En el país de los ajustes, el Presidente es un individuo abrazado a un dogmatismo maniático, que nos está llevando a un derrumbe institucional y social complicado. Quiera Dios evitarnos grandes desgracias.

Buenos Aires, 14 de Mayo del 2026

Sisto Terán Nougués