El documento de los US$5 millones: qué se sabe del supuesto acuerdo detrás del caso $LIBRA
Una filtración sobre un presunto esquema de pagos vinculado a la promoción de la criptomoneda $LIBRA volvió a poner el tema en agenda. Qué dicen las distintas fuentes, qué investiga la Justicia y qué respondió el Gobierno.
El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA sumó en los últimos días un nuevo capítulo luego de que circulara un documento que menciona un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares vinculado a la promoción del proyecto. La información comenzó a difundirse a partir de publicaciones de medios internacionales y reconstrucciones periodísticas basadas en material que estaría incorporado a la investigación judicial.
Un peritaje informático realizado por el Ministerio Público Fiscal reveló que el presidente Javier Milei habló al menos 5 veces por teléfono con el lobbista Mauricio Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.
De ese peritaje también se detectaron llamadas de Novelli con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y el asesor Santiago Caputo, y documentos que revelarían un presunto pacto de US$ 5 millones por el apoyo de Milei a la criptomoneda.
La investigación, sin embargo, aún no determinó si ese acuerdo se concretó ni si el documento refleja una negociación real o una propuesta que nunca llegó a ejecutarse. Por ahora, forma parte del material bajo análisis dentro de la causa.
El texto al que hacen referencia distintas publicaciones menciona un posible esquema de pagos dividido en tramos. Según esa reconstrucción, el plan contemplaría un primer desembolso inicial, otro pago posterior a una eventual promoción pública del token en redes sociales y un tramo final vinculado a un eventual vínculo institucional o acuerdo tecnológico.
Los investigadores buscan establecer si ese documento tiene correlato con transferencias financieras, comunicaciones o contratos que permitan verificar su autenticidad y ejecución.
El origen del caso se remonta al lanzamiento del token $LIBRA, promocionado públicamente en redes sociales en febrero de 2025. Tras esa difusión, el activo digital registró una suba abrupta de valor seguida de una caída pronunciada que generó pérdidas a numerosos inversores.
A partir de ese episodio comenzaron a presentarse denuncias judiciales por presunta estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En paralelo, algunos damnificados impulsaron demandas civiles para reclamar compensaciones por las pérdidas sufridas durante el colapso del activo.
La investigación también puso el foco en empresarios del ecosistema cripto que habrían participado en el desarrollo y promoción del proyecto. Entre los nombres mencionados en distintas presentaciones judiciales aparecen intermediarios y operadores vinculados al lanzamiento del token.
En algunas denuncias también se menciona la posible participación de funcionarios o personas cercanas al poder político en reuniones previas al lanzamiento del proyecto. Esas acusaciones forman parte de las actuaciones judiciales y aún se encuentran bajo análisis.
Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que no hubo participación institucional en el desarrollo del token. Funcionarios del oficialismo afirmaron en distintas intervenciones públicas que la difusión realizada en redes sociales se limitó a compartir información sobre una iniciativa privada y que no existió intervención estatal en la operatoria.
En este contexto, el documento que menciona el supuesto pago de 5 millones de dólares aparece como un elemento más dentro de una investigación que continúa abierta y que combina peritajes tecnológicos, seguimiento de movimientos financieros y declaraciones testimoniales.
Por ahora, el expediente no determinó si existió efectivamente un acuerdo económico vinculado a la promoción del token. Esa es, justamente, una de las preguntas centrales que la Justicia intenta responder mientras el caso $LIBRA sigue sumando capítulos en el debate político y judicial.
