Fragilidad Financiera Generada

En primer lugar, la situación límite de la economía argentina es provocada y buscada por el capital financiero con base en Manhattan, que acordó con Javier Milei y nombró toda la conducción de la administración de hacienda y finanzas del país.

Luis Caputo en el ministerio de economía, seguido por José Luis Daza, en finanzas primero Pablo Quirno (hoy canciller) y después Alejandro Lew, en el BCRA Santiago Bausili y Vladimir Werning, todos con años de trabajo en el JP Morgan y que fueron impuestos en sus cargos por el capital de Manhattan.

Los principales socios del JP Morgan son BlackRock, Vanguard Group, y State Street, que poseen la mayor parte de las acciones del banco, seguidos por otros inversores institucionales como Morgan Stanley y fondos de inversión como Geode Capital Management. Los dos primeros (BlackRock y Vanguard) son los dos fondos con más títulos de deuda argentinos en su poder, y el JP Morgan es el banco con más títulos de deuda de la argentina, que coordinó y lideró los tres REPO de muy corto plazo, por un total de 6.000 millones de dólares, con garantía de títulos de deuda del Tesoro de la Nación Argentina por casi tres veces ese total y que, en caso que el país no pague en tiempo y forma, pueden ejecutar a valor de mercado, la lámina dice 100 dólares (valor nominal) y el precio del mercado es 50 dólares, contabilizan el cobro a ese último precio.

La fragilidad financiera se demuestra en un BCRA que declara reservas internacionales brutas de 44.808 millones de dólares al 20 de enero de 2026, pero las reservas netas son negativas en 17.379 millones de dólares (como lo certifica el mismo FMI).

RESERVAS NEGATIVAS DEL BCRA AL 20 DE ENERO 2026

Es cierto que el BCRA está comprando divisas en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio) y también directamente a las empresas privadas que toman deuda del exterior, tal lo comprometido con el FMI, y en el año y hasta el 21 de enero 2026 lo hizo por 823 millones de dólares, con un monto promedio de compra de 59 millones por día hábil. Pero también el BCRA vende dólares a futuro y, el Tesoro de la Nación coloca títulos de deuda en dólar link y a tasa fija de casi el 50% anual, para apuntalar la venta de divisas. Por ende el BCRA no está sumando reservas reales

Cuando se declara una deuda total de la Administración Nacional de 494.067 millones de dólares a diciembre 2025.

DEUDA BRUTA ADMINISTRACION NACIONAL

Y se debe hacer frente en el transcurso del año 2026 a deuda en divisas por 13.400 millones de dólares (se descuenta el pago del 9 de enero de 2026 de 4.200 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones fueron en REPO por 372 días), y en pesos en poder del sector privado por 117,8 billones de pesos, de los cuales vencen en diciembre 2026, 30,6 billones.

Deben renegociar permanentemente la deuda, como hicieron en este mes de enero 2026 que no pueden afrontar el pago de LELINK (D16E6), que expira a fin del corriente mes, extendiendo su fecha de vencimiento hasta fines de febrero, abril o junio, dependiendo el instrumento elegido. La primera opción, denominada D27F6, opera con vencimiento al 27 de febrero de 2026. La segunda alternativa (D30A6) vence el próximo 30 de abril, mientras que la tercera (TZV26) llega a término el 30 de junio de este año.

En esa fragilidad es que deben proseguir y generando pingues ganancias a los bonistas, mientras carry trade mediante frenan el precio del dólar, para lo cual, además de compilar reservas internacionales en el BCRA que no son tales, deben demostrar consistencia fiscal y, continuando con la “contabilidad creativa” del equipo de economía del JP Morgan en el país, presentan el presupuesto ejecutado sin contemplar la capitalización de intereses de la deuda que no pagan (en la jerga presupuestaria se llama “bajo la línea”)

CONSISTENCIA FISCAL

Un presupuesto del sector público nacional que se reduce año tras año y que en valores constantes es un 27% menor que el del año 2023, donde el ajuste fue esencialmente en la obra pública, que representa solo el 2,29% del presupuesto (esto es el 0,4% del PIB), cuando en el período 2003-2015 fue del 12,54% del presupuesto nacional (4,78% del PIB) en un PIB que creció fuertemente en la “década ganada”.

Que, a su vez, al disminuir fuertemente los ingresos públicos por caída del nivel de actividad (impacta sobre la recaudación de IVA, Ganancias, impuesto al cheque, etc.) y no renovar el Impuesto PAIS que gravaba la compra de dólares, y disminuir el ingreso de bienes personales (gravamen a la riqueza), obligó a reducir las partidas a las provincias por coparticipación (incluida las 13 provincias que tienen sistema previsional propio), así como disminuir el gasto en el sistema previsional nacional, en salud y en educación, para subsidios a la luz y el gas, erogaciones en personal ,y las transferencias a las universidades .

Sin embargo, aumentó el gasto en la Asignación Universal por Hijo que alcanzó en el año 2025 a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. La asignación mensual para el mes de noviembre de 2025 fue de 120.066 pesos para la AUH y, para la AUE, de 95.737 pesos por mes.

Además, continuaron con el Plan 1000 Días (Ley 27.611 del año 2020 creada como apoyo en la lucha contra el COVID), que beneficia a casi 700.000 personas. Se trata de apoyo alimentario que garantiza a los titulares de la Asignación por Embarazo y Universal por Hijo la provisión de leche y otros alimentos, para asegurar la nutrición de las personas gestantes y el crecimiento de sus hijos hasta los tres años de edad. Con el fin de fortalecer esa política, en 2024 se aplicó un incremento extraordinario del 500% con respecto a la partida de diciembre de 2023.

Continuaron con la prestación Alimentar, que es una asignación dineraria mensual que se implementa a través de la tarjeta alimentaria y está dirigida a madres o padres con hijos de hasta 17 años que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a embarazadas a partir de los tres meses que perciben la Asignación por Embarazo.

Por lo tanto, la política social es regresiva en su conjunto, pero mantiene a los sectores más vulnerables de la sociedad con una red mínima de contención y es el principal amortiguador del modelo, en un contexto de reducción de empleo de calidad.

La dotación de personal de la Administración Pública nacional, pasó de 220.922 trabajadores en noviembre de 2023 a 194.934 en septiembre de 2025, una caída superior al 11%; más la baja de las remuneraciones, la de no dar tareas específicas, y desmantelar la función, etc., provoca el marco para que se generen más renuncias de empleados públicos.

Con todo ello las cuentas finales base caja del presupuesto ejecutado en el año 2025

Muestran en el Resultado Fiscal base caja (no contempla obligaciones contraídas y no pagadas en el período) del año 2025 un superávit financiero de solo 0,2% del PIB, pero se logra pagando menos de la sexta parte de los intereses que la deuda pública demanda, de manera tal que, la Administración Nacional colocó títulos que capitalizaron intereses en el año 2025 por 47.325 millones de dólares (el 51,2% del presupuesto nacional).

La secretaría de finanzas incrementa la deuda:

1. En LECAP en 14.263 millones de dólares (Diciembre 2024:U$s 28.498 millones a Diciembre 2025: U$s 42.661 millones).
2. En BONCAP los hace en 33.062 millones de dólares (Diciembre 2024: U$s 5.180 millones a Diciembre 20255: U$s 38.242 millones)

TOTAL: 47.325 millones de dólares.

EN SINTESIS

Las cuentas públicas de la Administración Nacional, como las del BCRA son oscuras y tratan de ocultar la dimensión de la deuda, el corto plazo en los vencimientos, y en la incapacidad manifiesta de obtener financiamiento genuino.

En pesos, el 16 de enero 2026 logran colocar un título de deuda que devenga casi el 50% de interés anual, para un plazo de solo 44 días (vencimiento 27 de febrero 2026) en una letra que capitaliza intereses.

Y en dólares, el 9 de enero 2026 colocaron un REPO a 372 días a una tasa del 7,4% anual (vencimiento 16 de enero 2027).

Nos llevan al riesgo permanente del default (cesación de pagos) que solo logran sobrepasar dando en concesión las centrales hidroeléctricas por 705 millones de dólares, y en febrero de 2026 se le debe pagar al FMI solo de intereses 812 millones de dólares.

Van a hacer lo mismo con la privatización del 44% de Nucleoeléctrica SA, con el Belgrano Carga, con la venta que hace YPF de Profertil, y de zonas periféricas de gas, etc.

Para proseguir con la concesión de explotaciones mineras de todo tipo, incluido la modificación de la ley de glaciares.

Una colonia es más digna que el gobierno de Milei.