Cuando el Estado vuelve a ser necesario

El comunicado difundido por La Libertad Avanza Tucumán tras el último temporal no es un texto menor. Tiene tono institucional, empatía con las víctimas y, sobre todo, una exigencia política concreta: pide explicaciones al Estado provincial por el destino de los fondos públicos, reclama planificación, control, ejecución eficiente y responsabilidades políticas. En otras palabras, le exige al Estado que haga aquello que —según la doctrina que inspira al espacio— no debería hacer.

Allí aparece la primera tensión de fondo. Porque mientras el comunicado local interpela al Estado por la falta de obras hídricas, desagües y prevención de inundaciones, el presidente Javier Milei y los principales referentes intelectuales y políticos del mileísmo vienen sosteniendo, desde hace años y de manera sistemática, que la obra pública es inherentemente corrupta, ineficiente y que debe ser reemplazada por la iniciativa privada.

El Estado como problema (según Milei)

No se trata de una interpretación maliciosa ni forzada. El propio Milei ha repetido en entrevistas, libros, foros empresarios y conferencias internacionales que “la obra pública es un mecanismo de saqueo”, que el Estado “no debe construir rutas, puentes ni viviendas” y que todo eso puede —y debe— ser realizado por el sector privado bajo lógica de mercado. En esa misma línea, ha reivindicado una lectura ortodoxa de la escuela austríaca: Estado mínimo, gasto público reducido al extremo y eliminación de toda función que no sea seguridad, justicia y defensa.

Sus principales exégetas locales y nacionales han ido aún más lejos: han celebrado la paralización total de la obra pública nacional como una señal de coherencia ideológica, han cuestionado cualquier inversión estatal en infraestructura y han presentado al mercado como el único asignador eficiente de recursos, incluso en áreas críticas.

Tucumán, el agua y la realidad

Sin embargo, el comunicado de LLA Tucumán dice otra cosa. Habla de fondos públicos girados a municipios y comunas, del Plan Pre Lluvia, de recursos que debían prevenir inundaciones. Denuncia ausencia de planificación estatal, falta de control y de ejecución. Y exige rendición de cuentas.

La pregunta es inevitable: ¿quién debía haber hecho esas obras? ¿El mercado? ¿Una empresa privada limpiando canales por iniciativa propia? ¿Un centro vecinal financiando defensas hídricas? ¿O el mismo Estado al que el mileísmo, como proyecto nacional, considera prescindible, ineficiente o directamente nocivo?

Aquí no se trata de absolver al Estado provincial ni de relativizar décadas de corrupción, desidia y utilización política de la obra pública. Tucumán tiene una historia larga y documentada de fondos mal ejecutados, obras inconclusas y anuncios reiterados que no evitaron tragedias repetidas. Pero una cosa no invalida la otra.

La contradicción

El comunicado de LLA Tucumán exige un Estado que planifique, que ejecute, que controle, que rinda cuentas y que se haga cargo. Exactamente el tipo de Estado que la narrativa libertaria combate en el plano doctrinario.

No es una contradicción menor ni semántica. Es estructural. Porque si el Estado no debe hacer obra pública, entonces no hay a quién reclamarle por desagües colapsados. Y si el Estado sí debe hacerla en situaciones críticas, entonces la tesis de que “lo privado siempre lo hace mejor” se vuelve, como mínimo, incompleta.

La escuela austríaca puede ofrecer marcos teóricos interesantes para discutir inflación, moneda o rol del mercado. Pero cuando baja al barro —literalmente— de barrios anegados y familias que lo perdieron todo, la discusión deja de ser abstracta.

Coherencia o adaptación

El comunicado de LLA Tucumán revela algo más profundo que una crítica coyuntural al gobierno provincial: muestra el choque entre la ideología pura y la realidad concreta de una provincia vulnerable, desigual y expuesta a fenómenos climáticos recurrentes.

Dicho de otro modo: o el Estado no debe hacer obra pública —y entonces no se le reclama—, o el Estado debe hacerla bien, con control y transparencia —y entonces la demonización sistemática de la obra pública se cae por su propio peso—.

En el medio, no hay atajos discursivos. Gobernar, incluso desde la oposición, también implica hacerse cargo de las propias ideas cuando la realidad las pone a prueba.