Jaldo y Acevedo: asistencia al Cottolengo y exponen el límite fiscal ante deudas de Nación
El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo avanzaron en una estrategia conjunta para sostener al Cottolengo Don Orione, una institución histórica de asistencia social que atraviesa una crisis financiera por atrasos en transferencias nacionales.
La reunión, realizada en Casa de Gobierno, tuvo un eje operativo claro: coordinar recursos entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para garantizar la continuidad de los servicios básicos que presta la entidad, que atiende a poblaciones vulnerables de distintas edades. El diagnóstico compartido fue concreto: la institución acumula entre tres y cuatro meses de deuda, con impacto directo en alimentación, medicación y funcionamiento cotidiano.
Acevedo explicitó el criterio político adoptado: intervención inmediata ante una urgencia social, pero con límites estructurales. La Provincia decidió activar asistencia a través de áreas como Desarrollo Social y Salud, mientras la Legislatura acompaña con herramientas propias. El mensaje es doble. Por un lado, presencia estatal para evitar el colapso de una institución sensible. Por otro, advertencia sobre la sostenibilidad de ese esquema.
El punto de tensión se ubica en el origen del problema. Según lo planteado en el encuentro, el desfasaje responde a compromisos nacionales incumplidos desde diciembre. Ese dato introduce un elemento recurrente en la dinámica fiscal actual: provincias que absorben funciones o costos ante retrasos de Nación, en un contexto de caída de recursos por coparticipación.
En términos políticos, la escena deja ver una línea discursiva que se consolida en la gestión tucumana. No se trata solo de resolver contingencias, sino de instalar un marco interpretativo: la asistencia provincial como respuesta a vacíos financieros externos. La ecuación es delicada. Cada intervención de emergencia tensiona el equilibrio de las cuentas públicas locales.
El caso del Cottolengo funciona así como un emergente de mayor escala. Expone la fragilidad de instituciones intermedias altamente dependientes de financiamiento estatal y, al mismo tiempo, la presión creciente sobre los gobiernos subnacionales. La respuesta coordinada entre Jaldo y Acevedo busca contener el impacto inmediato, pero deja abierto el interrogante de fondo: cuánto más puede sostener la Provincia en un escenario de obligaciones compartidas pero recursos en retracción.
