Las leyes empiezan a hablar claro: Tucumán prueba un agente de IA para explicarlas
El sistema, desarrollado junto a la Universidad Nacional de Tucumán, permitirá a cualquier ciudadano consultar la normativa provincial y recibir una explicación comprensible en segundos.
Durante siglos, las leyes fueron escritas como si estuvieran destinadas a una cofradía cerrada. Textos extensos, artículos enrevesados, incisos que remiten a otros incisos y una arquitectura de palabras donde el ciudadano común suele perderse antes de encontrar una respuesta. La ley está allí, es pública, pero muchas veces no se deja entender.
En ese punto aparece una iniciativa que, si logra consolidarse, puede marcar un cambio silencioso en la relación entre el Estado y la sociedad. La Legislatura de Tucumán comenzó a probar un agente de inteligencia artificial capaz de explicar las leyes provinciales en lenguaje claro, una herramienta desarrollada en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Detrás del anuncio formal hay algo más que un avance tecnológico. En rigor, se intenta resolver una paradoja democrática: los ciudadanos viven regidos por normas que en gran medida desconocen. Un dato citado en el propio proyecto lo expone con claridad. El 67% de los tucumanos admite no conocer las leyes de la provincia. No se trata necesariamente de desinterés cívico; muchas veces es simplemente un problema de acceso y comprensión.
Las leyes son, en definitiva, el plano invisible de la vida pública. Determinan cómo circula la sociedad, qué derechos existen, qué límites tiene el poder y qué obligaciones rigen para todos. Pero un plano solo sirve si puede leerse. De lo contrario, se convierte en un documento técnico reservado a especialistas.
La apuesta del proyecto es traducir ese mapa normativo a un lenguaje que cualquiera pueda comprender.
La iniciativa se apoya en un trabajo previo clave: el Digesto Jurídico provincial. Ese proceso permitió ordenar, depurar y sistematizar las leyes vigentes en Tucumán, separando normas activas de las derogadas y dando coherencia al conjunto del sistema legal. Si aquel trabajo fue una tarea de organización, el paso que ahora se intenta dar es de interpretación.
La herramienta en desarrollo funciona como un agente conversacional de inteligencia artificial. En la práctica permitirá que cualquier ciudadano formule una consulta sobre una ley o normativa provincial y reciba una explicación clara de su contenido, su alcance y su relación con otras normas.
Por ahora el sistema se encuentra en etapa de testeo. Personal legislativo, integrantes de la Oficina de Información Parlamentaria, asesores y especialistas participan en la evaluación del funcionamiento del agente digital para medir la precisión de sus respuestas antes de una eventual apertura al público.
El proyecto fue presentado durante una jornada encabezada por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, junto al rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, María Cristina Grunauer de Falú. Participaron también la legisladora Carolina Vargas Aignasse —presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa— y el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la facultad, Marcos Rossi.
La iniciativa se inscribe además en una tendencia más amplia. Parlamentos, universidades y tribunales de distintos países comienzan a explorar el uso de inteligencia artificial para ordenar y explicar grandes volúmenes de información jurídica. El derecho produce miles de páginas de normas cada año y su comprensión se vuelve cada vez más compleja para quienes no pertenecen al mundo jurídico.
En ese contexto, el desafío no es solo tecnológico. Es también cultural. Acercar el lenguaje de la ley a la vida cotidiana de las personas.
Durante siglos, entender una norma implicaba recurrir a especialistas capaces de traducir ese idioma técnico. Algo parecido a pedir ayuda para leer un texto en latín. Las nuevas herramientas digitales no reemplazan la tarea del jurista ni del abogado, pero pueden abrir una puerta distinta: que el ciudadano pueda comprender por sí mismo las reglas que organizan su vida pública.
Y tal vez ese sea el verdadero desafío de este experimento que comienza a probarse en Tucumán: que las leyes, por primera vez, puedan entenderse. Que el cumplimiento no nazca solo de la costumbre o del temor a la sanción, sino de algo más profundo y más democrático: la comprensión.
