Paritarias en Tucumán: por qué el sueldo del empleado público mueve la economía de todos

En una provincia con alta informalidad laboral y fuerte presencia estatal, la discusión salarial del sector público impacta mucho más allá de los empleados públicos. Una radiografía del mercado laboral muestra que buena parte del consumo provincial depende directa o indirectamente del gasto del Estado.

Cada vez que se abren las paritarias estatales en Tucumán aparece la misma escena. De un lado, los gremios. Del otro, el Gobierno. Y alrededor, una parte de la sociedad que mira la discusión como si fuera un asunto ajeno. “Es un problema de los empleados públicos”, suele escucharse.

La realidad económica de la provincia cuenta otra historia.

En Tucumán trabajan alrededor de 425 mil personas, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Pero el mercado laboral está lejos de ser equilibrado. Cerca del 60% de esos trabajadores lo hace en la informalidad, sin aportes ni cobertura social.

Traducido a una imagen simple: si diez tucumanos están trabajando, seis lo hacen en negro y cuatro tienen empleo formal.

Dentro de ese grupo formal aparece un actor central: el Estado.

Entre la administración provincial, los municipios y los organismos nacionales hay alrededor de 110 mil empleados públicos en la provincia. Son docentes, policías, médicos, administrativos, personal de salud, empleados judiciales y trabajadores de distintas áreas del Estado. Informes basados en datos oficiales estiman que Tucumán tiene cerca de 57 empleados públicos cada mil habitantes, una proporción elevada para el tamaño de su economía.

Hasta ahí, el dato parece describir solo a los estatales. Pero el impacto es bastante más amplio.

Tucumán tiene cerca de 1,75 millones de habitantes. Si esos 110 mil trabajadores sostienen hogares promedio de tres personas, el salario público impacta directamente sobre unas 330 mil personas. Es decir, casi uno de cada cinco tucumanos vive en un hogar donde el ingreso principal proviene del Estado.

Pero ese dinero no se queda quieto. Sale a la calle.

Se transforma en consumo: supermercado, alquiler, transporte, farmacia, la cuota escolar, el bar de la esquina, la ferretería del barrio. Ese gasto es el que sostiene buena parte del comercio y los servicios urbanos.

Por eso, cuando se mira la economía real, el alcance del gasto público se amplía. Economistas regionales suelen estimar que cada ingreso estatal termina impactando en entre 2,5 y 3 personas dentro del circuito económico. Con esa lógica, entre 650 mil y 800 mil tucumanos dependen directa o indirectamente de ese flujo de dinero.

Dicho de otra manera: entre un tercio y casi la mitad de la población provincial vive dentro de un circuito económico que empieza en el presupuesto público.

A ese engranaje hay que sumarle otra pieza: las transferencias sociales. Programas como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y otros planes de asistencia también forman parte de esa masa de ingresos que se vuelca rápidamente al consumo cotidiano, sobre todo en los sectores con empleo informal.

El resultado es un sistema económico con una lógica circular. El Estado paga salarios y transferencias. Esos ingresos se convierten en consumo. El consumo sostiene comercios, servicios y parte del empleo privado. Y ese movimiento vuelve a depender de que el Estado siga pagando.

Una rueda.

Hay además un dato incómodo que pocas veces se menciona. Una parte importante de ese dinero que el Estado inyecta en la economía se evapora en la informalidad. Comercios que no facturan, servicios sin registrar o actividades directamente en negro hacen que una porción de esa masa monetaria circule sin volver al sistema impositivo. El dinero gira, pero no siempre regresa al Estado en forma de impuestos.

En una provincia donde la informalidad ronda el 60%, el fenómeno no es menor.

Nada de esto convierte al empleo público en el único motor económico de Tucumán. La provincia tiene sectores productivos claros —la agroindustria azucarera, el complejo citrícola, la industria alimenticia— que generan producción y exportaciones.

Pero en el mercado interno, el que sostiene a miles de pequeños comercios y servicios, el salario estatal sigue siendo uno de los motores más visibles.

Por eso, cuando se discuten paritarias, la escena merece mirarse sin prejuicios. El docente que reclama salario, el comerciante que espera que el mes repunte y el trabajador informal que vive del movimiento del barrio no están en veredas opuestas.

Tal vez la pregunta incómoda no sea cuánto ganan los empleados públicos.

La pregunta de fondo es otra: ¿qué tan dependiente se volvió la economía tucumana de un circuito que empieza y termina en el Estado?