YPF: honorarios millonarios, ex ministros en el directorio y la grieta entre discurso y práctica
El dato no surge de una filtración sino del balance oficial 2025 de YPF S.A.: $16.031 millones en honorarios para directores y síndicos. La cifra fue puesta en circulación en X por el economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quien detalló que, al dividir el monto de manera homogénea entre 11 directores y 3 síndicos titulares, el promedio anual asciende a $1.145 millones por integrante.
El número, en sí mismo, es contable. El problema es político. El presidente Javier Milei edificó su narrativa sobre la austeridad, la reducción del gasto y la impugnación de la “casta”. Sin embargo, en la principal empresa bajo control estatal el esquema de retribuciones del órgano de gobierno expone una escala salarial que tensiona ese discurso.
El directorio de YPF está presidido por Horacio Daniel Marín. Entre sus integrantes aparecen nombres con peso político directo en la actual administración. Guillermo Francos fue ministro del Interior y luego jefe de Gabinete. Lisandro Catalán, dirigente tucumano, ocupó fugazmente el Ministerio del Interior en la transición libertaria. La presencia de ex ministros en el directorio de una compañía de mayoría estatal complejiza el argumento de que se trata exclusivamente de remuneraciones de mercado desvinculadas de la lógica pública.
El listado de directores informado por la compañía incluye, además de Marín, a Francos y Catalán, a otros miembros designados por las distintas clases de acciones. El balance consigna el monto global destinado a honorarios de directores y síndicos, pero no detalla en ese apartado la distribución individual ni posibles diferencias según responsabilidades internas. Tampoco explicita, en el mismo cuadro, eventuales renuncias o reducciones voluntarias.
La defensa oficial suele apoyarse en que YPF es una sociedad anónima que compite en el mercado energético y que sus autoridades deben percibir remuneraciones acordes al sector. El contrapunto político es otro: cuando el ajuste fiscal impacta sobre jubilaciones, empleo público y transferencias sociales, la masa de $16.031 millones en honorarios adquiere inevitablemente una dimensión simbólica.
No se discute aquí la legalidad de la asignación, sino la coherencia entre la prédica y la práctica. El número está en el balance. El señalamiento nació en X y se viralizó. La pregunta que queda abierta es si la austeridad es un principio general o un criterio selectivo.
