Juventud bajo sospecha
Operativos desmedidos, titulares moralizantes y una narrativa que necesita culpables jóvenes. Mientras se clausuran festejos con adultos presentes en nombre de la prevención, otros hechos más graves reciben un tratamiento lateral. El debate no es el UPD (Ultimo Primer Día): es qué sociedad estamos construyendo.
Hay una matriz que se activa con puntualidad casi automática: ante cualquier incomodidad colectiva, el foco se posa sobre los jóvenes. Funcionan como superficie de descarga simbólica. Son visibles, ruidosos, disruptivos. También son un blanco sencillo.
En las últimas semanas, los festejos de UPD fueron sometidos a una vigilancia anticipatoria. Se habló de excesos antes de que ocurrieran, se instalaron advertencias morales y se construyó un clima de sospecha preventiva. El operativo policial de hoy profundizó esa lógica: motorizadas, clausuras en domicilios particulares aun con adultos presentes, despliegues que buscaron más impacto visual que proporcionalidad. Los titulares hablarán de “prevención”. La escena, para muchos, fue de atropello.
Conviene detenerse en el concepto. Prevenir no es clausurar. No es irrumpir como si el desorden fuera un hecho consumado. Prevenir implica organizar, planificar, coordinar con familias, establecer protocolos sanitarios y reglas claras. Es presencia institucional inteligente, no exhibición de fuerza. Si el criterio fuera eliminar toda actividad que potencialmente pueda derivar en un exceso, la consecuencia lógica sería suspender espectáculos deportivos, recitales masivos o restringir la circulación ferroviaria porque en la historia existieron tragedias. Nadie sostiene seriamente esa postura. Sin embargo, se aplica cuando los protagonistas son jóvenes.
El rol de ciertos medios completa el cuadro. En un ecosistema donde la métrica es el clic, la indignación resulta rentable. La imagen del patrullero y la sirena vende más que el análisis de estadísticas. Se instala así una narrativa simplificada: juventud igual riesgo. Lo demás es contexto prescindible. Pocos se preguntan si los datos respaldan esa construcción o si, por el contrario, la desmienten.
En paralelo, hechos de violencia con armas blancas en corsos y carnavales organizados por el propio Estado no generaron la misma intensidad de debate estructural. Allí el tratamiento fue episódico. No hubo discusión extendida sobre planificación o responsabilidades. La vara se mueve según quién esté en el centro de la escena.
El episodio de los supuestos “rugbistas patoteros” en Tafí del Valle mostró otra faceta del problema: la etiqueta antecediendo a la verificación. El estigma circuló con velocidad; la prudencia llegó tarde. Algo similar ocurrió con personas señaladas por amenazas de bomba en escuelas a partir de datos técnicos elementales, como la titularidad de una red WiFi. Primero el señalado, después la prueba. La lógica de la sospecha reemplazando a la evidencia.
Hay una dimensión política ineludible. Cuando el Estado organiza eventos masivos, asume responsabilidades. Cuando interviene en la vida privada bajo el argumento preventivo, también. Si la acción pública privilegia el efecto sobre la coherencia, erosiona su propia legitimidad. La autoridad no se consolida con escenografía, sino con proporcionalidad.
La sociedad, por su parte, debería interrogarse. ¿Qué necesidad satisface esta demonización periódica? Tal vez la de reafirmar una moral cómoda frente a conductas que incomodan. Tal vez la de evitar debates más complejos sobre violencia estructural, consumo problemático o fallas de gestión. Es más simple señalar al adolescente que revisar la arquitectura institucional.
Las estadísticas disponibles no ubican a la juventud como causa central de los males sociales. Sin embargo, la narrativa dominante insiste en ese encuadre. La repetición termina naturalizando la sospecha. Y una comunidad que sospecha de sus jóvenes de manera sistemática construye distancia, no integración.
El UPD es apenas la superficie. El fondo es otro: si aceptamos que la prevención se traduzca en clausura y despliegue intimidante en casas de familia, aceptamos un criterio que mañana puede extenderse a cualquier ámbito. Si toleramos titulares que exageran para atraer tráfico, resignamos calidad deliberativa.
Interpelar a los jóvenes es legítimo. Convertirlos en chivo expiatorio no lo es. Prevenir no es clausurar. Gobernar no es escenificar. Informar no es amplificar prejuicios. El desafío es más exigente: asumir que los problemas sociales no tienen edad, pero sí tienen responsabilidades concretas. Y esas responsabilidades no suelen estar en el último año de secundaria.
