Trasladaron a la funcionaria judicial Justina Gordillo al penal de Delfín Gallo
Gordillo fue trasladada bajo un estricto operativo de seguridad al Complejo Penitenciario de Delfín Gallo. La medida, lejos de ser un movimiento administrativo de rutina por superpoblación, responde a una orden directa de la Justicia en el marco de la investigación por el brutal femicidio de Érika Antonella Álvarez.
Gordillo no es una interna más. Hasta su detención, se desempeñaba como prosecretaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, un cargo de alta jerarquía que hoy agrava la mirada social y judicial sobre su figura. La fiscalía investiga su participación en una trama que mezcla poder, vínculos militares y una presunta red de encubrimiento.
La detenida era la pareja de Felipe Sosa, ex militar y dueño de una empresa de seguridad privada, principal acusado del crimen. Según la hipótesis fiscal, Gordillo no solo habría tenido conocimiento del hecho, sino que su rol como funcionaria judicial habría sido clave para intentar desviar la investigación en sus primeras etapas.
La clave del escándalo: El “Poder” ante escribano
Uno de los puntos más oscuros y que mayor sustento otorga a la acusación es el hallazgo de un poder general de administración y disposición firmado ante un escribano público a nombre de Gordillo.
Este documento —cuya validez está bajo una lupa pericial— facultaba a la funcionaria para gestionar los bienes y activos de Sosa. Para los investigadores, este “blindaje administrativo” sugiere una planificación que excede lo pasional y se adentra en una estructura de beneficios económicos y protección mutua que Gordillo habría articulado aprovechando sus conocimientos técnicos.
El traslado al penal —y no a una comisaría común— busca garantizar que la imputada permanezca incomunicada de sus antiguos ámbitos de influencia. Fuentes del caso indicaron que el equipo interdisciplinario del servicio penitenciario ya inició la evaluación de la interna bajo protocolos de “alto perfil”.
