Jaldo volvió a marcarle la cancha a la Justicia y a los fiscales
El Gobernador tildó de “insuficiente” la figura de homicidio simple en el crimen de Erika Álvarez y apuntó a la existencia de cómplices. El mensaje llega en un clima de tensión institucional, minutos después de que la Justicia liberara al último detenido por el ataque en Tafí del Valle
En Tucumán, el manual de estilo del Ejecutivo parece incluir ahora la redacción de carátulas judiciales. Este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo volvió a cruzar la frontera de la división de poderes al calificar el femicidio de Erika Álvarez como un hecho que excede el “homicidio simple”. Para el mandatario, la trama que terminó con el cuerpo de la joven de 25 años en un basural de Manantial Sur tiene piezas que la Justicia aún no termina de encajar.
“Para mí no es un homicidio simple. Hay cómplices y más personas involucradas”, sentenció Jaldo. La frase no es menor: el caso Erika no es solo la crónica de un femicidio ejecutado por el exmilitar Felipe Sosa; es una caja de Pandora que salpica al propio sistema.
La reciente detención de Justina Gordillo, una empleada judicial acusada de encubrimiento agravado, justifica para el Ejecutivo una presión pública que ya se volvió método.
El fracaso del rigor en Tafí del Valle
El endurecimiento del discurso de Jaldo contra la “violencia de patotas” tiene un trasfondo de derrota política inmediata. Sus declaraciones se produjeron casi en simultáneo con la noticia de que ya no quedan detenidos por la agresión grupal en Tafí del Valle.
“La impunidad se terminó en Tucumán”, insistió el mandatario, en un intento por retomar la iniciativa frente a una sociedad que observa cómo los ataques colectivos se diluyen en los despachos tribunalicios. Al vincular el caso Erika con la problemática de las “patotas”, Jaldo busca aglutinar el hartazgo social bajo una única consigna: el control político de la respuesta penal.
Anatomía de una intromisión
Al definir culpabilidades y grados de participación —“hay cómplices”, aseguró sin titubear—, el Gobernador asume un rol de fiscalía paralela.
Esta metodología, que ya aplicó con éxito mediático pero suerte dispar en los resultados procesales, busca blindar su gestión de seguridad ante la percepción de una Justicia que, detiene supuestos integrantes de “patotas” en los valles y luego los libera, o bien tiene a sus propios empleados bajo sospecha de encubrir femicidios.
La causa por la muerte deÁlvarez, con sus zonas oscuras de fiestas privadas y circuitos de poder, es hoy el escenario donde el Ejecutivo libra su batalla por el relato del orden. Mientras tanto, la Justicia procesa en silencio una nueva embestida de quien, desde el Palacio de Gobierno, parece estar decidido a “dictar sus propias sentencias” antes que los propios jueces.
