¿A quién defiende el Defensor del Pueblo?

La figura del Defensor del Pueblo nació con una idea simple y potente: que el ciudadano común no quede solo frente al Estado. Como un árbitro imparcial en un partido desigual, alguien que no juegue para ninguno de los equipos, pero que haga cumplir las reglas. El problema aparece cuando el árbitro es designado —y sostenido— por uno de los equipos.

El ombudsman surge en Suecia, a comienzos del siglo XIX, como respuesta a los abusos del poder administrativo. Su razón de ser era clara: controlar al Estado desde afuera, escuchar al ciudadano desde abajo y señalar al poder cuando se excede. No administrar, no justificar, no explicar. Controlar. Defender. Exponer.

En Argentina, la figura se incorporó formalmente con la reforma constitucional de 1994. La letra es impecable: autonomía funcional, defensa de derechos, control de la administración. El espíritu también. Pero como suele ocurrir, entre la norma y la práctica hay un trecho largo… y políticamente muy transitado.

En muchas provincias, el Defensor del Pueblo es elegido directa o indirectamente por el gobernador o por mayorías legislativas alineadas al poder ejecutivo. Dicho de otro modo: quien debería defender al ciudadano del poder, llega al cargo gracias al poder. La paradoja es evidente. Es como pedirle al comisario que investigue al comisario, o confiarle al gerente de una empresa el rol de delegado sindical.

Para el ciudadano de a pie, el asunto se entiende rápido. Si el Defensor depende de quien gobierna, ¿cuán probable es que actúe con firmeza contra ese mismo gobierno? ¿Cuántas veces va a incomodar al despacho que lo nombró? ¿Cuántas va a elegir el silencio, el expediente que duerme, la recomendación tibia?

El problema no es sólo político. También es práctico. En no pocos casos, las Defensorías del Pueblo se transformaron en oficinas burocráticas donde el trámite es tan largo, confuso y desgastante como en el organismo o empresa de servicios que se denuncia. Formularios, derivaciones, expedientes que van y vienen, respuestas genéricas. El ciudadano entra buscando auxilio y sale con la misma frustración que traía, pero con un sello más en el papel.

Así, la Defensoría deja de ser un atajo frente al abuso y se convierte en otra ventanilla. A veces más educada, a veces más prolija, pero igual de lenta. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser jurídica y pasa a ser política y moral: ¿para qué existe?

Un Defensor del Pueblo que no incomoda al poder político y económico es una figura decorativa. Sirve para la foto institucional, para el discurso de calidad democrática, para el organigrama. Pero no para el ciudadano que sufre un abuso, una detención arbitraria, una negligencia estatal o una decisión injusta del estado o de empresas.

La democracia no se debilita cuando se controla al poder. Se debilita cuando se simula hacerlo. Y en ese juego de apariencias, el Defensor del Pueblo corre el riesgo de ser menos un defensor y más un amortiguador: alguien que recibe el reclamo, lo procesa, lo enfría… y lo devuelve sin conflicto y en muchos casos sin solución.