El Colegio de Abogados del Sur pidió respeto al debido proceso por los hechos en Tafí del Valle
Tras detenciones, cuestionamientos al procedimiento policial y un fuerte impacto social y mediático, la institución reclamó que las responsabilidades se definan exclusivamente en el ámbito judicial, sin presiones externas.
En el contexto de la conmoción social generada por los hechos ocurridos en Tafí del Valle, que derivaron en detenciones y en un intenso debate público sobre el accionar policial y judicial, el Colegio de Abogados del Sur (Concepción – Tucumán) difundió un comunicado institucional en el que reafirmó principios centrales del Estado de Derecho.
La entidad manifestó su más categórico repudio a toda forma de violencia y subrayó la plena vigencia de los derechos humanos, las garantías constitucionales, la división de poderes y el respeto irrestricto al debido proceso legal como pilares del sistema democrático. En ese marco, sostuvo que la búsqueda de la verdad y la determinación de responsabilidades solo pueden canalizarse a través de los órganos judiciales competentes, mediante procedimientos imparciales y libres de presiones políticas, mediáticas o sociales.
El pronunciamiento se conoce en momentos en que el caso genera una fuerte exposición pública y distintas expresiones sociales, mientras avanzan las actuaciones judiciales. Frente a ese escenario, el Colegio recordó que ninguna persona puede ser considerada culpable hasta tanto exista una sentencia judicial firme dictada por autoridad competente, destacando que el principio de inocencia constituye un pilar estructural del sistema constitucional y no una mera formalidad.
Al mismo tiempo, el comunicado reconoce el derecho de quienes denuncian haber sido víctimas de un hecho delictivo a recibir protección integral y un trato digno, señalando la necesidad de resguardar tanto las garantías de los imputados como los derechos de las personas afectadas.
El Colegio de Abogados del Sur expresó además su respeto por las decisiones jurisdiccionales, aunque remarcó que toda medida restrictiva de derechos debe ser excepcional, fundada y proporcional. En esa línea, reivindicó el rol esencial de la abogacía en la defensa de derechos y garantías y respaldó el ejercicio profesional de los abogados que intervienen en estos procesos, incluso en contextos de alta conflictividad social.
Finalmente, la institución se solidarizó con las personas y familias afectadas por los hechos e instó a la comunidad a canalizar sus legítimas preocupaciones por vías institucionales, evitando expresiones de violencia, estigmatización o condena anticipada.
