Cableado aéreo: entre el relato y la realidad
La reciente comunicación oficial de la administración de Rossana Chahla, que presenta el ordenamiento del cableado aéreo como una acción inédita luego de “30 años sin intervenciones”, merece al menos una aclaración para no caer en una simplificación que se parece más a un recurso narrativo que a una descripción fiel de los hechos.
La iniciativa es bienvenida. El reordenamiento del tendido aéreo, la reducción de la contaminación visual y la recuperación del espacio público son políticas urbanas largamente reclamadas por vecinos y comerciantes. Pero presentar el tema como si la ciudad partiera de cero no se corresponde con los antecedentes concretos y documentados de San Miguel de Tucumán.
El 13 de junio de 2016, el diario La Gaceta informó sobre un plan de reordenamiento del cableado aéreo en más de 200 cuadras del microcentro, ejecutado por el municipio de entonces. La intervención alcanzó calles centrales como Junín, 25 de Mayo, Laprida, Maipú, Congreso, 9 de Julio y Buenos Aires, con el objetivo explícito de reducir la contaminación visual y ordenar tendidos que crecían sin control sobre fachadas y calzadas.
Ese plan se apoyaba en ordenanzas vigentes que establecían reglas claras: altura mínima, identificación obligatoria de los cables y límites a la cantidad de cruces por cuadra. Es decir, el problema no solo había sido advertido, sino también abordado desde el plano normativo y operativo.
A estos antecedentes se suma el testimonio de exfuncionarios de la gestión de Domingo Amaya, quienes recuerdan que el abordaje fue más amplio que el simple reordenamiento de cables. “Nosotros comenzamos con ese trabajo y no solo con los cables: se retiraron todos los carteles que colgaban sobre calles transversales; solo quedaron autorizados los carteles frontales. Hubo una limpieza visual y una descontaminación total del microcentro”, señalan desde aquella administración.
Según esa misma fuente, las tareas se concentraron en todo el casco céntrico, y se complementaron con obras estructurales menos visibles pero estratégicas: “También se hicieron los tendidos subterráneos de fibra óptica para todo lo que es cámaras de seguridad y semáforos”, explican. Obras que, en su momento, generaron polémica por la intervención sobre veredas, pero que respondían a una lógica de ordenamiento urbano de largo plazo.
En paralelo, la eliminación de cartelería publicitaria externa que durante años invadió fachadas, ochavas y columnas fue parte de una política destinada a recuperar el paisaje urbano y reducir la contaminación visual, un objetivo que hoy vuelve a ponerse en agenda.
Hay además un dato de contexto que vuelve más relevante el debate actual. Hoy el escenario es objetivamente más favorable: el teléfono fijo prácticamente ha desaparecido, la televisión por cable está en retroceso y eran justamente esos servicios los que más saturaban el espacio aéreo. Incluso la empresa distribuidora de energía cuenta desde hace años con ductos disponibles, lo que vuelve difícil de explicar por qué persiste el tendido aéreo en muchas zonas.
En ese marco, el problema ya no parece ser tanto “ordenar” como hacer cumplir las normas existentes. No se trata de un universo inabarcable: son pocas —tres o cuatro— las empresas responsables del tendido, plenamente identificables y regulables si existe decisión política sostenida.
Nada de esto invalida ni minimiza la actual iniciativa. Al contrario: su continuidad y profundización resultan necesarias. Lo que sí merece una advertencia es la tentación de construir un relato fundacional que borre lo previo para potenciar el impacto comunicacional.
Las reparticiones del Estado tienen la obligación de abrazar la veracidad como principio, incluso cuando esa verdad no sea funcional a un eslogan. Porque no ser precisos, aun sin mentir de manera explícita, también es una forma de engañar.
Celebrar lo nuevo no debería exigir olvidar lo que ya existió. La ciudad no empieza de cero con cada gestión, aunque a veces el relato intente convencernos de lo contrario.
