Ya no quedan detenidos por el caso Tafí del Valle
La investigación por la agresión que sufrió Patricio Ledezma a la salida del boliche La Cañada en Tafí del Valle sigue su curso, pero judicialmente ha dado un nuevo giro: ya no hay personas privadas de libertad en este expediente. Tras la liberación de César Máximo Carreras (foto), el último de los dos jóvenes que habían sido alojados con prisión preventiva, la causa continúa sin detenciones vigentes, aunque los imputados siguen formalmente vinculados al proceso penal por lesiones graves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas.
El accionar judicial se produce en un contexto de controversia pública sobre cómo se gestionó la etapa inicial de detenciones. Desde el Gobierno de Tucumán se había impulsado desde el comienzo la caracterización del hecho como un caso de “patoterismo”, instalando esa narrativa en los medios y la opinión pública. El gobernador Osvaldo Jaldo fue enfático en condenar las actitudes violentas e instó a que se aclaren los roles de quienes estuvieron presentes en el lugar.
En ese marco, como ya señalamos en Quorum en nuestra nota “Patoteriles: El gobernador admite posibles detenidos inocentes”, el propio mandatario provincial reconoció que entre quienes habían sido detenidos inicialmente podrían haber personas que no participaron directamente en la agresión y pidió a testigos y a los acusados que colaboren con la Justicia para que se identifique a quienes fueron los autores reales.
Ese reconocimiento abrió un flanco de debate más amplio que excede la discusión sobre violencia social, porque pone el foco en el proceso de detenciones, el respeto al principio de presunción de inocencia y el rol de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial en situaciones de alto impacto mediático. Según el análisis publicado en Quorum, el hecho de que no queden detenidos en la causa refuerza las dudas sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas en las etapas iniciales y sobre la discriminación entre quienes ejercieron violencia y quienes pudieron haber estado en el lugar sin intervenir.
La causa sigue bajo investigación con la recolección de pruebas y testimonios, y el registro público de los dichos del gobernador y de las críticas de sectores sociales y políticos conforma ahora una pieza central del relato institucional alrededor de los hechos y de la respuesta del Estado.
