Trump carga contra la Corte Suprema tras el freno a sus aranceles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con dureza al fallo de la Supreme Court of the United States que declaró inconstitucional el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como fundamento para imponer aranceles globales sin autorización del Congreso.
En una comparecencia pública desde la Casa Blanca, Trump calificó la decisión como “profundamente decepcionante” y dirigió críticas personales a magistrados del tribunal, incluidos algunos designados durante su primera presidencia. En ese marco, pronunció una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Puedo destruir el comercio, puedo destruir un país… pero no puedo cobrarles ni un dólar”.
En plataformas como X, el episodio fue amplificado bajo versiones más extremas —“Puedo hacerles lo que quiera… Tengo permitido destruir el país”— que no se corresponden textualmente con lo expresado. Sin embargo, más allá de la literalidad, el eje de la controversia no está sólo en la precisión de la cita, sino en el tono y el marco conceptual desde el que fue emitida.
El fallo del máximo tribunal establece que la potestad de fijar aranceles es competencia primaria del Congreso, y que el Ejecutivo no puede invocar una norma de emergencia económica para alterar de manera estructural el régimen comercial sin respaldo legislativo. La decisión implica un límite concreto a la estrategia arancelaria de Trump y obliga a la Casa Blanca a explorar otras herramientas legales si pretende sostener su agenda proteccionista.
La respuesta presidencial, sin embargo, desplazó el debate técnico hacia un plano más político e institucional. Cuando un jefe de Estado afirma que podría “destruir el comercio” o “un país” pero se ve impedido por la Corte, instala una narrativa donde el poder sin contrapesos aparece como posibilidad latente y la intervención judicial como obstáculo. Aun en clave hiperbólica o retórica, el efecto simbólico es significativo.
En sistemas republicanos, la tensión entre poderes es parte constitutiva del diseño institucional. Pero el valor de las palabras en boca de líderes electos no es neutro. En contextos de polarización, la frontera entre metáfora política y deslegitimación institucional se vuelve más porosa. Las declaraciones que sugieren omnipotencia ejecutiva —aunque formuladas en tono irónico o confrontativo— pueden erosionar la percepción pública sobre el equilibrio de poderes.
El episodio reabre un debate más amplio: no sólo hasta dónde llega el poder presidencial en materia comercial, sino también cuál es la responsabilidad discursiva de quienes lo ejercen. Las democracias se sostienen en normas escritas, pero también en códigos implícitos. Cuando esos códigos se tensionan, no siempre es el texto legal el que primero se resiente, sino la cultura política que lo hace posible.
El dato político es claro: la Corte Suprema marcó un límite. La reacción presidencial, en cambio, dejó en evidencia que el conflicto no es sólo jurídico, sino conceptual. Y en esa zona, el peso de las palabras empieza a ser parte del problema.
