Pullaro anunció aumentos salariales y finalizó la protesta policial en Santa Fe
Reclamos salariales, “sirenazos” y promesas de freno a sanciones en un conflicto que revivió recuerdos del acuartelamiento en Tucumán de 2013.
por Redacción asistida por IA
Luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro anunció en la tarde de este martes un aumento en los sueldos de la Policía de Santa Fe, los agentes decidieron levantar la protesta frente a la Jefatura de Rosario y retomarán sus tareas.
“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró el mandatario provincial en conferencia de prensa.
El conflicto que mantuvó en vilo a los santafecinos
Efectivos de la Policía de Santa Fe mantuvieron protestas en Rosario y otras ciudades por mejores salarios y condiciones laborales, en medio de negociaciones con el gobierno provincial que prometen frenar sanciones. El episodio reabre el debate sobre medidas de fuerza en fuerzas de seguridad, evocando el acuartelamiento de policías en Tucumán hace más de una década que derivó en saqueos y muertes.
Efectivos de la Policía de Santa Fe iniciaron el lunes un reclamo con concentraciones frente a la Jefatura de Policía en Rosario, sirenazos y cortes de calles exigiendo mejoras salariales y condiciones de trabajo. Los manifestantes rechazaron los pases a disponibilidad de agentes que participaron de la protesta y pidieron que se reviertan sanciones, mientras las negociaciones con el gobierno provincial se prolongaron hasta la madrugada de este miércoles.
En diálogo con la prensa, el jefe de la fuerza, Luis Maldonado, confirmó que no habrá más pases a disponibilidad si los policías vuelven a sus funciones y manifestó voluntad de avanzar en el diálogo. El gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, abrió instancias de negociación que incluyen la revisión de sanciones y promesas de ajustes salariales y mejoras de guardias, aunque los oficiales reclaman acuerdos concretos antes de levantar la protesta.
La protesta ha generado preocupación por la operatividad policial en zonas urbanas. En respuesta, el gobierno nacional dispuso el refuerzo de fuerzas federales en Rosario para garantizar el patrullaje mientras continúan las conversaciones. Las protestas se extendieron a otras ciudades como Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista y San Lorenzo, marcadas por quema de neumáticos y presencia de móviles policiales fuera de servicio reclamando cambios.
Este conflicto revive, en parte, la memoria de episodios de acuartelamiento policial como el que se vivió en diciembre de 2013 en la provincia de Tucumán. En aquel año, efectivos de la Policía tucumana se autoacuartelaron en reclamo de aumentos salariales, lo que derivó en saqueos en barrios y localidades ante la ausencia casi total de presencia policial. La crisis terminó con acuerdos salariales, pero dejó al menos ocho muertos y múltiples heridos, y un proceso judicial que culminó años después con el juicio a decenas de policías por sedición y otros delitos.
El paralelismo entre ambas situaciones pone en foco dos tensiones: la necesidad de recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales dentro de cuerpos de seguridad, y los límites institucionales en un contexto de derecho y orden público. El acuartelamiento de 2013 en Tucumán, que exacerbó la criminalidad y generó una respuesta social y judicial de largo alcance, se convirtió en un caso de estudio sobre los riesgos de medidas de fuerza de las fuerzas policiales en Argentina.
En Santa Fe, la situación sigue en desarrollo. Las partes dialogan para evitar un colapso de la seguridad pública, mientras la ciudadanía sigue expectante sobre cómo se resolverá un conflicto que cuestiona tanto la respuesta estatal como la legitimidad y los métodos de reclamo dentro de las fuerzas de seguridad.
