Molinuevo cuestiona a la Justicia por las detenciones
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, denunció presiones políticas y criticó el accionar judicial tras la prisión preventiva dictada contra Máximo César Carreras y Santiago Bagne. El caso reaviva el debate abierto por el gobernador Osvaldo Jaldo sobre la posible existencia de detenidos inocentes. (ver nota)
La prisión preventiva dictada contra dos jóvenes por un hecho de violencia en Tafí del Valle generó un fuerte cruce institucional. El intendente de Concepción apuntó contra la Justicia y habló de decisiones condicionadas, mientras el gobernador reconoció públicamente que podría haber inocentes detenidos. La causa quedó en el centro de una discusión más amplia sobre procedimientos policiales, criterios fiscales y control judicial.
La controversia por las detenciones vinculadas a un episodio de violencia ocurrido en Tafí del Valle sumó un nuevo capítulo político. El intendente de Concepción, cuestionó abiertamente el accionar de la Justicia y denunció la existencia de presiones políticas en el tratamiento del caso, que mantiene detenidos a dos jóvenes.
La medida judicial fue adoptada este martes por el juez Marcos Javier Núñez Campero, quien resolvió hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y dictar la prisión preventiva por el plazo de un mes para Carreras y Bagne. Ambos fueron imputados como autores de los delitos de lesiones graves y lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas.
La resolución se dictó en el marco de la audiencia de control de aprehensión, formalización de la investigación y medidas de coerción. En esa instancia, el magistrado declaró ajustada a derecho la detención de los acusados y avaló el pedido fiscal, habilitando la continuidad de la investigación con los imputados privados de la libertad.
Las detenciones generaron reacciones inmediatas en Concepción, donde familiares y allegados de los jóvenes realizaron manifestaciones públicas reclamando su liberación y cuestionando la proporcionalidad de la medida. Los reclamos pusieron el foco en la calificación legal escogida y en el criterio utilizado para avanzar con una prisión preventiva.
En ese contexto, Molinuevo sostuvo que no se puede utilizar la privación de la libertad como una herramienta ejemplificadora y advirtió que el sistema judicial no debería ceder ante presiones externas. Sus declaraciones trasladaron el debate del plano judicial al político-institucional, marcando un límite discursivo poco habitual desde un jefe municipal.
El planteo del intendente se enlaza con lo expresado días atrás por el gobernador, quien reconoció públicamente que podría haber detenidos inocentes en el marco de esta causa. Esa admisión, inusual en términos políticos, funcionó como disparador de una discusión más profunda sobre los procedimientos policiales, la actuación fiscal y el rol del control judicial.
El caso dejó de ser un expediente más y se transformó en un punto de tensión entre seguridad, justicia y política. Con resoluciones firmadas, nombres propios expuestos y reclamos en la calle, la causa avanza mientras crece el interrogante sobre si el sistema está privilegiando respuestas rápidas por sobre decisiones estrictamente ajustadas a los hechos y las responsabilidades individuales.
