Los gobernadores le torcieron el brazo a Milei y forzaron cambios en la reforma laboral
La presión de las provincias por el impacto fiscal de la iniciativa obligó al Gobierno a recalcular. El capítulo sobre Ganancias quedó bajo revisión y dejó al desnudo un dato político central: sin el aval de los gobernadores, la reforma no tiene destino en el Senado (foto).
La reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, presentada oficialmente como una instancia técnica para definir el texto final de la reforma laboral, expuso en realidad una derrota política parcial del Ejecutivo de Javier Milei. Detrás de la discusión jurídica y económica, lo que se terminó de ordenar fue una respuesta a la presión directa de los gobernadores, que lograron frenar —o al menos condicionar— uno de los puntos más sensibles del proyecto: la modificación del impuesto a las Ganancias para las empresas.
La resistencia provincial no fue menor ni simbólica. Los mandatarios advirtieron que la reducción del tributo implicaría un recorte directo en los recursos coparticipables, en un contexto de cuentas ajustadas, caída de ingresos y alta dependencia del flujo nacional. El mensaje fue claro: sin cambios en ese artículo, el respaldo político en el Senado no estaba garantizado.
Ese planteo encontró eco rápidamente en la Casa Rosada. El oficialismo, sin mayoría propia y con un armado parlamentario frágil, comprendió que insistir con el capítulo fiscal podía poner en riesgo el conjunto de la reforma. Así, lo que comenzó como una iniciativa ambiciosa terminó sometida a la lógica clásica del poder territorial: las provincias volvieron a mostrar que siguen siendo una pieza clave del sistema político argentino.
La discusión sobre Ganancias se convirtió, entonces, en algo más que un debate técnico. Funcionó como un límite concreto al plan reformista del Gobierno y dejó en evidencia que el discurso de ruptura con “la vieja política” convive, en la práctica, con negociaciones tradicionales. Gobernadores de distintos signos políticos —algunos aliados circunstanciales, otros críticos— coincidieron en defender los intereses fiscales de sus distritos y lograron imponer condiciones.
El resultado inmediato es un proyecto de reforma laboral que llega al Senado con ajustes, concesiones y señales de repliegue. El resultado político, más profundo, es la confirmación de que el poder real no se agota en la Casa Rosada. En el Congreso, y especialmente en la Cámara alta, los gobernadores siguen teniendo la llave.
Para Milei, el episodio deja una lección incómoda: la gobernabilidad no se sostiene solo con convicción ideológica ni con gestos de firmeza pública. Cuando los números no cierran y los votos faltan, son las provincias las que terminan marcando el ritmo y los límites de las reformas.
