La Subordinación al gran capital financiero de los EEUU

Históricamente, los gobiernos conservadores han tomado al país como mero apéndice del poder central (otrora Inglaterra, ahora Estados Unidos), y, por ende, del sistema de acumulación del capital y de distribución de las riquezas bajo la estricta lógica del centro dominante y, por extensión, del mercado mundial. En una economía abierta como la nuestra, donde existen grandes operadores —tanto para la compra como para la venta—, los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los factores de producción (trabajo, máquinas y equipos, tierra —incluido el subsuelo—, etc.), quedan determinados por los capitales más importantes del poder central.

La única lógica que conocen esos capitales es la de generar la mayor tasa de ganancia, en dos planos: uno en el corto plazo, para que se obtenga en el menor tiempo posible, y otro de mediano y largo plazo, que se basa en los recursos naturales de la Argentina. Este último es, a su vez, el ámbito donde se recicla parte del capital que se fuga del país, ya sea por los mismos fugadores o por los bancos de inversión que administran esos fondos.

Por ende, se supedita lo que vamos a producir, cómo, de qué modo, si se fijan límites a la contaminación ambiental, y cómo juega en ello nuestra fuerza de trabajo, nuestra inserción en el mundo, nuestro presente y nuestro futuro —e incluso la lectura del pasado— a esa lógica primaria. En ella, la primacía la determinan esos grandes capitales que solo permanecen en el país si se les asegura el ingreso y el egreso con su renta financiera y/o con un sistema como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ley 27.742, que les permite, a partir del quinto año, disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación y sin obligación de abastecer al mercado interno.

La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables es un acto criminal de administración fraudulenta, que implica el vaciamiento del país de su patrimonio minero y de hidrocarburos.

En esa lógica, la tasa de interés y el valor del dólar, así como la relación entre esas dos variables, son decisivas y fundamentales. El carry trade permite, en el corto plazo, una renta extraordinaria que se convierte en divisas para su fuga y es, a la vez, la causa principal por la que el capital local —Techint, Compañía General de Combustible, Grupo Clarín, Molinos Río de la Plata, Frigorífico Rioplatense, Arcor, Pan American Energy, Pampa Energía, Coto, La Anónima, Banco Galicia, Banco Macro, etc.— acepta y se subordina al capital financiero, esencialmente con base en Manhattan. Esto ocurre porque, por ahora, ellos fijan los precios internos de sus productos muy por encima del precio del dólar, compran esa divisa y la fugan, con el aval implícito del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Agencia de Recaudación y Control (ARCA).

En el año 2025, residentes argentinos compraron 38.806 millones de dólares. Hubo quienes compraron 100, 200 o mil dólares, pero los grandes formadores de precios lo hicieron por decenas de millones de la divisa norteamericana. A esa suma debe agregarse la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, y los gastos en turismo y bienes suntuarios para beneficio de una minoría y en desmedro del país, que endeudan sin límite ni razón.

MERCADO DE CAMBIO 2025

Para que ese capital financiero se convierta en Inversión Bruta Interna Fija (IBIF), su tasa de retorno —en dólares— debe superar la tasa de interés local —con lo que se supedita la economía real a la financiera—, tasa que a su vez debe superar al crecimiento del precio del tipo de cambio.

Todo el esquema queda atado al ingreso de divisas, en parte por el superávit comercial, pero esencialmente por deuda —tanto pública como privada—. Deuda que compra el BCRA y se convierte en pesos, pesos que deberían servir para financiar la actividad productiva y distributiva. Sin embargo, el crédito es menos del 11% del PIB y casi la mitad de ese magro porcentaje financia deudas personales —en los países vecinos, el crédito representa en promedio el 45% del PIB, como fue en la Argentina antes de la dictadura cívico-militar de 1976 y la reforma financiera—.

Ese dinero creado por el BCRA es principalmente demandado por el Estado nacional en licitaciones de títulos del Tesoro, que se realizan dos veces por mes, a muy corto plazo. En la licitación del 28 de enero de 2026, más de la mitad del vencimiento se renovó en LECAP —título que capitaliza intereses y paga al final— por 46 días y a una tasa del 2,99% efectiva mensual. Los 10 principales bancos privados —a los que se les debe sumar el Banco Nación Argentina, el Banco de la Ciudad y de las provincias de Santa Fe y Córdoba— financian en promedio un 36% de su cartera al Estado, y el crédito que generan es el 43% del total de activos de la entidad.

El problema es doble: el BCRA vende esos dólares a los grandes bancos del sistema financiero local —que esencialmente se fugan—, por un lado; y, por otra parte, la tasa de interés de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, máxime cuando nos encontramos en una economía que en conjunto se estanca. Hay sectores que crecen con fuerza, como la minería, la energía e incluso el campo, pero con sectores demandantes de mano de obra —como la industria, la construcción y el comercio en general— con fuerte descenso en su actividad, con lo que es inexorable el crecimiento del peso de la deuda sobre el PBI. Entonces, el “alegre” endeudamiento que incurre el gobierno debe pagarse con un PIB que desciende. Por un lado, y por el otro, nos preguntamos: ¿qué proyectos de balance comercial positivo hay detrás de cada esquema de financiamiento que “alegremente” se obtiene? De otro modo, no se puede pagar la deuda y menos aún las importaciones necesarias, frente a los servicios de la misma que, por su propia lógica, son cada vez mayores[1].

Por eso, el gobierno nacional dice que no va a volver a los mercados internacionales, porque no puede. El mismo JP Morgan, que nombró a toda la plana mayor de economía y finanzas del gobierno de Javier Milei, le dice a sus clientes que la Argentina es zona de alto riesgo. Entonces, el gobierno nacional, ante la imposibilidad, espera que las provincias y las empresas se endeuden y le vendan esos dólares al BCRA. A su vez, el gobierno va a pagar una parte de los intereses de una deuda espuria —no investigada— vendiendo o dando en concesión y a precio vil nuestras empresas públicas y nuestros recursos naturales.

En lugar de industrializar para generar trabajo y mejorar la productividad, vamos a una creciente concentración y extranjerización de la economía, con grandes empresas que tienen una estrategia propia esencialmente extractivista y expoliadora de los recursos naturales del país.

Esa es la razón que explica y fundamenta las consecuencias de una cada vez mayor centralización, concentración y extranjerización de la economía argentina, donde todo aquello que no se integre a bajo costo al mercado internacional será relegado a un rol cada vez más secundario, profundizando la verdadera brecha entre la minoría que, aprovechando las ventajas naturales de la tierra más fértil del mundo y el rico subsuelo, puede vender (y comprar), y, en cambio, la situación cada vez más ruinosa de las economías crecientemente vegetativas de las regiones y del resto de la población.

Fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos

En lugar de que el Estado nacional y provincial[2] empleen dichos recursos para el bien general y el futuro de nuestro país, propician su venta y/o hacen acuerdos como el que firmó la Argentina el 5 de febrero de 2026 de “Fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos” con Estados Unidos, que le asegura a ese país el acceso preferencial a materias primas vitales para el desarrollo de sus industrias automotriz, energética, tecnológica, aeronáutica y de armamento.

El acuerdo plantea el acceso a financiamiento, el desarrollo de proyectos prioritarios y la creación de una cadena de suministro preferencial de minerales críticos como litio y cobre, en un contexto global marcado por la creciente demanda de recursos estratégicos para la transición energética —léase, esencialmente, de la República Popular China y de los países que piensan un futuro para su pueblo—. Textualmente, el comunicado dice: “Garantizar la equidad en el manejo de minerales críticos: Argentina cuenta con importantes recursos minerales críticos. Los compromisos del Marco garantizarán que las normas en este sector sean justas para las empresas estadounidenses“.

Y forma parte del acuerdo firmado por el presidente Javier Milei en nombre de nuestro país, el 13 de noviembre de 2025, en Washington, denominado “Marco para un Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos“, y abarca reducciones de aranceles, comercio de vehículos, de ganado, de productos farmacéuticos, comercio digital y datos, y reglamentaciones laborales y de propiedad intelectual, entre otros puntos.

El consenso de las provincias

La dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble. Por un lado, están supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital que la Nación decida realizar en tal lugar físico —que pertenece a las provincias—. Y, por otra parte, las provincias son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos, como queda en evidencia con la estabilidad fiscal para la minería por la ley 24.196 —que garantiza la no incrementación de la carga tributaria total por 30 años, aplicable a impuestos nacionales, provinciales y tasas, e incluye beneficios como amortización acelerada, devolución de IVA y un tope del 3% a las regalías—; por la ley 27.742 del RIGI, que fue corroborado en leyes provinciales; y porque el total del Impuesto Inmobiliario Rural cobrado en todo el país representa menos del 0,53% del PIB —y la Argentina cuenta con recursos naturales y técnicos que producen el mayor rendimiento por hectárea de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, etc., del planeta—.

Si observamos la estructura impositiva nacional, dos terceras partes son gravámenes al consumo, donde solamente tomando el IVA representó en el año 2025 el 6,94% del PIB —recaudación total: 61,2 billones de pesos—. En cambio, el Impuesto a las Ganancias —que pagan cada vez más trabajadores— es el 4,18% del PIB —se recaudó 37 billones de pesos—; y Bienes Personales (patrimonio) representa el 0,22% del PIB —en todo el año 2025 pagaron 1,97 billones de pesos—. Por ende, es el consumo —que descendió fuertemente en 2025 y cayó aún más en enero de 2026, reflejado en la recaudación impositiva— el principal soporte impositivo del país, tanto para el gobierno nacional —IVA, impuestos al combustible, impuestos internos, etc.— como para las provincias —por el impuesto a los ingresos brutos y por la coparticipación federal de impuestos—. Y, en cambio, es ínfimo el impuesto al patrimonio —en la Nación: Bienes Personales; y en las Provincias: el impuesto inmobiliario y a la patente automotor—.

Ante un sistema tributario sumamente regresivo, que alimenta excedentes para comprar dólares y fugarlos —el gobierno no prorrogó para 2025 el Impuesto PAÍS, que gravaba la compra de dólares—, y, a la vez, una amplia franja de la población a la que no le alcanza para llegar a fin de mes. En ese marco, la Nación le impuso severas condiciones a las provincias en los presupuestos ejecutados de 2024 y 2025 y en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2026. Al frenar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —del que solo recibieron una parte las provincias cuyas administraciones son afines al gobierno nacional—, al no cumplir en tiempo y forma con las transferencias a las 13 provincias que tienen su propio sistema previsional, y en todas con el porcentaje que le corresponde para el PAMI, sin embargo, como si fuera el síndrome de Estocolmo, la gran mayoría de las provincias, a través de sus diputados y senadores, pretenden aprobar los engendros jurídicos de reforma laboral y de modificación de la ley de glaciares.

En enero de 2026, el conjunto de las provincias recibió por coparticipación de impuestos la suma de 5,548 billones de pesos —unos 3.900 millones de dólares—, y la provincia de Tucumán, de esa suma, solo recibió $252.629 millones —unos 170 millones de dólares—. Mientras tanto, la compra de divisas por personas humanas en 2025 fue de 38.808 millones de dólares.

Notas al pie

[1] Recursos que no los generan los proyectos del RIGI, que tienen estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del quinto año, no pagan derechos de exportación.

[2] El Artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina (modificado en 1994) establece que las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y social, celebrar convenios internacionales —con ciertas limitaciones— y, fundamentalmente, que tienen el dominio originario de los recursos naturales en sus territorios, siendo la Nación quien delega ciertas facultades y regula los servicios públicos de competencia nacional, reconociendo así mayor autonomía provincial en la gestión de sus bienes naturales y su organización