La Legislatura ratificó los decretos de Jaldo
En una sesión extraordinaria celebrada este martes en pleno receso de actividades, la Legislatura de Tucumán ratificó por amplia mayoría dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo, pese a las críticas de sectores de la oposición y cuestionamientos sobre el procedimiento.
La sesión, que reunió a 34 legisladores y estuvo presidida por el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo, se extendió por más de una hora y media. El oficialismo logró imponer su mayoría y dar fuerza de ley a ambos decretos, que estaban incluidos exclusivamente en el temario de este primer encuentro extraordinario del año legislativo.
Restricción en nombramientos y contrataciones:
El Decreto Nº 11/3 (MEyP) prohíbe nuevas designaciones y contrataciones de personal en la Administración Pública provincial –incluido el Poder Ejecutivo, entes autárquicos y organismos descentralizados– por un plazo de dos años. Solo se permiten excepciones debidamente fundadas para garantizar el funcionamiento de áreas esenciales. Además, habilita la reasignación transitoria de agentes entre diferentes dependencias sin modificar cargos ni remuneraciones.
Exención del certificado fiscal para proveedores:
El Decreto Nº 1/3 (MEyP) exceptúa, hasta el 31 de diciembre de 2026, la presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal como requisito de admisibilidad para la contratación de bienes y servicios por parte del Estado provincial. Esta medida busca «agilizar procedimientos de compras públicas» y fomentar la participación de oferentes, especialmente en sectores clave como la construcción.
Según los considerandos del segundo decreto, la exención no implica condonación de deudas ni modifica la recaudación fiscal, ya que el Estado conserva la facultad de exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias por vías administrativas o judiciales.
Debate y posiciones enfrentadas
Durante el debate en el recinto, las bancadas oficialistas defendieron la necesidad de las medidas en el marco de la emergencia económica y social vigente hasta 2027 y señalaron que buscan optimizar la gestión de recursos del Estado. Representantes del bloque de gobierno argumentaron que la racionalización del personal y la flexibilización en las compras públicas son pasos racionales frente a la coyuntura económica.
La oposición, en tanto, cuestionó la forma y el fondo de los decretos. Algunos legisladores calificaron la iniciativa como una “decisión institucionalmente discutible”, advirtieron sobre posibles riesgos en la transparencia del gasto público y criticaron la suspensión de requisitos como el certificado fiscal, considerado por ellos un control fundamental para la igualdad de las contrataciones.
En este sentido, un sector de la oposición mantuvo firme su rechazo al segundo decreto argumentando que la exención generaría un “privilegio selectivo” que podría quebrar principios constitucionales básicos.
Hace días, la Legislatura había sido convocada a sesionar en pleno receso para tratar estos mismos decretos, en un contexto en el que el gobernador Jaldo ya había vuelto de una licencia y buscaba avanzar con su agenda de gestión.
Las medidas ratificadas hoy impactan directamente en la administración pública de Tucumán: desde la gestión de recursos humanos hasta la dinámica de compras estatales en un año signado por tensiones económicas a nivel nacional. Si bien el oficialismo conquistó la sanción de ambos DNU, la discusión política y jurídica sobre su alcance y legitimidad promete continuar en los próximos meses.
