La Justicia Federal reclama la causa por la agresión al diputado Pelli
El Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán ordenó que la investigación contra Marcelo Segura por las lesiones contra el legislador nacional pase del fuero provincial al federal. La decisión se apoya en el lugar del hecho —una ruta nacional— y en la investidura de la víctima.
La causa por la agresión al diputado nacional Federico Agustín Pelli dio un giro judicial relevante. El Juzgado Federal de Tucumán N.º 2 resolvió solicitar formalmente que la investigación pase a la órbita federal y requirió al Ministerio Público provincial que se inhiba de seguir interviniendo en el expediente.
La decisión surge de una resolución firmada el 12 de marzo de 2026, en el expediente que investiga a Marcelo Claudio Segura por el delito de lesiones graves, tipificado en el artículo 90 del Código Penal.
Según consta en la resolución, el pedido fue impulsado por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien sostuvo que existen elementos suficientes para que la causa sea tramitada en la Justicia Federal. El argumento central se basa en dos factores: el lugar donde ocurrió el hecho y la condición institucional de la víctima.
El episodio ocurrió el 11 de marzo sobre la Ruta Nacional 157, a la altura de la ciudad de La Madrid, cuando Segura habría agredido físicamente al legislador. Para el Ministerio Público Fiscal, esa localización —una vía bajo jurisdicción federal— ya constituye un elemento relevante para justificar el cambio de fuero.
A esto se suma la investidura de Pelli como diputado nacional. El dictamen fiscal sostiene que los delitos que puedan afectar el normal desempeño de funcionarios nacionales habilitan la intervención de la Justicia Federal.
En su resolución, el juzgado coincidió con ese criterio y dispuso librar un “oficio inhibitorio” a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de Concepción para que remita todas las actuaciones realizadas hasta ahora. En términos prácticos, esto significa que la investigación podría centralizarse en el fuero federal si la declinatoria es aceptada.
El magistrado también mencionó otro principio jurídico que sustenta la medida: evitar la duplicación de procesos por los mismos hechos. En la resolución se invoca la garantía constitucional conocida como non bis in idem, que prohíbe que una persona sea perseguida penalmente más de una vez por un mismo delito.
Qué implica el cambio de fuero
El eventual traslado del expediente a la Justicia Federal no es un detalle técnico menor. Supone que la investigación se desarrollará bajo otra jurisdicción, con fiscales y jueces distintos, y con criterios procesales propios del sistema federal.
También tiene implicancias políticas e institucionales. Cuando una causa involucra a un legislador nacional y ocurre en un ámbito de competencia federal, el expediente adquiere una dimensión institucional diferente, ya que se considera que el hecho podría afectar indirectamente el funcionamiento de un poder del Estado.
Por ahora, el paso siguiente depende de la respuesta del Ministerio Público provincial. Si acepta la inhibitoria, el expediente pasará íntegramente al juzgado federal. Si hay controversia entre fueros, la cuestión de competencia deberá resolverse en instancias superiores.
Mientras tanto, el episodio que comenzó como un hecho de violencia ocurrido a la vera de una ruta del sur tucumano ya ingresó en un terreno judicial más complejo, donde la discusión no sólo pasa por determinar responsabilidades penales, sino también por definir qué jurisdicción debe investigarlas.
