La defensa de Jaldo a sus diputados nacionales
Los tres diputados alineados con la Casa de Gobierno (Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera) integrantes del Bloque Independencia fueron determinantes para abrir la sesión: se necesitaban 129 y se alcanzaron 130. Sin ellos, el debate caía. Luego, en la votación, el resultado ya estaba asegurado. El gobernador defendió la decisión con consignas generales en un tema técnico que exigía precisión.
El gobernador de Osvaldo Jaldo eligió blindar públicamente a sus diputados tras la polémica por el quórum que permitió tratar la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Su argumentación se apoyó en una estructura conocida: “primero está Tucumán”, “hay que dar gobernabilidad”, “hay que modernizar”, “hay que aportar un granito de arena”. Frases amplias, políticamente correctas, pero sin anclaje técnico en los artículos concretos de una norma que modifica aspectos sensibles del régimen laboral.
El dato duro es ineludible. Para habilitar la sesión se requerían 129 legisladores presentes. Se sentaron 130. Los tres tucumanos alineados con el Ejecutivo provincial fueron imprescindibles para que el debate existiera. Sin ese aporte, la sesión se caía. No fue un gesto simbólico ni una cortesía institucional: fue una decisión estructural que permitió abrir la puerta legislativa.
Después, en la votación, el escenario cambió. Con los números ya holgados, el oficialismo nacional no dependía de cada voto individual. El diputado Noguera no votó porque no era necesario; la mayoría estaba garantizada. En el Senado ocurrió algo similar con Sandra Mendoza la semana pasada. La incidencia decisiva estuvo en el quórum. Los votos afirmativos consolidaron un resultado que ya no pendía de un hilo.
Allí aparece lo que no se dijo con claridad. La decisión tucumana fue imprescindible para habilitar el tratamiento, pero no fue acompañada de una explicación técnica proporcional a su peso político. Jaldo habló de actualización normativa y competitividad, pero no detalló qué artículos concretos favorecen a la estructura productiva de Tucumán, cómo impactarán en el empleo registrado ni qué mecanismos compensan eventuales retrocesos en derechos laborales.
La metáfora del “granito de arena” suena insuficiente frente a una reforma de alta densidad jurídica y económica.
No se elige a un gobernador para sumar arena a la agenda nacional. Se lo elige para gobernar con criterio propio, expertise y capacidad de fundamentación.
La gestión pública no es voluntarismo ni acompañamiento genérico. Es análisis, responsabilidad y explicación. Si la decisión fue estratégica, debe explicarse en términos estratégicos. Si fue pragmática, debe asumirse sin retórica épica.
La tensión interna dentro del peronismo y del sindicalismo expuso otra dimensión. Sectores históricos del PJ y de los gremios rechazaron la reforma. En la defensa oficial, esas críticas quedaron insinuadas como ataques o incomprensiones. Se invirtió el eje: quienes dieron quórum y habilitaron el tratamiento aparecieron en posición defensiva, mientras que la tradición partidaria que objetó el proyecto fue presentada como factor de conflicto. Esa disociación con la base histórica del peronismo profundizó la polémica.
En contraste, los diputados Pablo Yedlin y Carlos Cisneros votaron en contra y sostuvieron la línea de rechazo que el arco peronista y buena parte del sindicalismo habían explicitado. Su postura no modificó el resultado final, pero mantuvo coherencia con ese posicionamiento y marcó una diferencia política explícita dentro de la representación tucumana.
El dato político es fáctico. La arena a veces se escurre entre las manos…
