El Senado bajó la edad de imputabilidad a los 14 años
En una jornada dominada por la urgencia política más que por el consenso técnico, el oficialismo logró convertir en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil. Con 44 votos a favor y una fractura expuesta en la oposición, la Argentina habilitará el procesamiento penal de menores desde los 14 años, mientras las provincias advierten que no tienen fondos para sostener el nuevo sistema.
La sanción de la baja de imputabilidad en el Senado fue, ante todo, un ejercicio de pragmatismo parlamentario. El tablero marcó 44 votos afirmativos contra 27 negativos, reflejando un quórum que el oficialismo logró consolidar traccionando a la UCR y bloques federales, dejando a Unión por la Patria en una soledad argumentativa que no alcanzó para frenar la iniciativa.
La ley, que deroga el régimen de 1980, no llega como un acuerdo de especialistas, sino como un triunfo de la agenda de seguridad que lidera la senadora Patricia Bullrich. La propia Bullrich, autora del proyecto durante su paso por el Ejecutivo, fue quien defendió en el recinto una norma que, a juicio de sus críticos, prioriza el mensaje punitivo sobre la capacidad real de ejecución del Estado.
El nudo presupuestario: ¿Una ley aplicable?
Más allá del debate sobre la edad, el punto de mayor tensión periodística y política fue el financiamiento. La ley se sancionó con una partida autorizada de $23.739 millones, una cifra que en los pasillos del Congreso se calificó de “simbólica”.
- La advertencia de las provincias: Legisladores opositores señalaron que el costo de construir centros especializados, capacitar juzgados y fiscalías de menores, y desplegar el monitoreo electrónico supera largamente lo presupuestado.
- El riesgo de la “cáscara vacía”: El temor de los especialistas es que, ante la falta de infraestructura, los menores de 14 y 15 años terminen hacinados en comisarías o alcaidías comunes, lo que generaría una catarata de presentaciones ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
El contenido: 15 años de máxima y justicia diferenciada
La reforma establece un nuevo escalafón para la delincuencia juvenil:
- Escala penal: Para delitos graves (homicidios, violaciones, secuestros), la pena máxima será de 15 años.
- Medidas no privativas: Para delitos menores, se prevén sanciones como la reparación del daño y el servicio comunitario, aunque su implementación depende de un andamiaje burocrático hoy inexistente en gran parte del país.
- Plazo de implementación: El Ejecutivo tiene 180 días para poner en marcha el sistema, un reloj que corre en contra de la situación fiscal de las provincias.
Entre el pragmatismo y la fractura
La sesión dejó al descubierto la debilidad de un peronismo que no logró ofrecer una alternativa narrativa frente al reclamo social por la inseguridad. Sin embargo, el bloque de Unión por la Patria insistió en que la baja de la edad es un “atajo comunicacional” que no ataca la raíz del delito organizado que utiliza a menores como mano de obra.
El oficialismo celebró la sanción como un hito de gestión, pero la realidad del sistema carcelario y la falta de recursos para la minoridad proyectan una sombra sobre la efectividad de la norma. La Argentina ya tiene la ley; ahora resta saber si tiene los medios para que no sea solo un cambio de números en el Código Penal.
