Democracia de base sin poder: el eslabón que el sistema castiga

Concejales y comisionados o delegados comunales son el primer vínculo entre el Estado y la ciudadanía, pero el diseño institucional los vuelve dependientes, vulnerables y funcionales a un poder que no controlan.

Hay una falla de origen en la democracia representativa tucumana que se ha naturalizado con el paso del tiempo. No es coyuntural ni atribuible a nombres propios: es estructural. En la base del sistema hay 184 concejales y 93 comisionados comunales. Casi trescientas personas elegidas por el voto popular. Casi trescientas legitimidades activas. Y, sin embargo, una capacidad de decisión mínima, condicionada y frágil.

Ellos son el primer eslabón entre el ciudadano y el Estado. El contacto directo, cotidiano, sin filtros. Donde llega la queja, el reclamo, la urgencia. La democracia en su forma más concreta. Pero el sistema no los fortalece: los expone.

La arquitectura institucional los deja sin herramientas reales. No administran presupuestos propios, no definen prioridades, no ejecutan políticas públicas. En muchos casos, ni siquiera controlan su ingreso mensual: el salario depende de una municipalidad o de un ministerio provincial. Es decir, de despachos ocupados por funcionarios que no pasaron por las urnas.

Ahí se rompe el principio básico de la representación. La legitimidad electoral no se traduce en poder efectivo. El voto queda desanclado de la gestión, mientras la toma de decisiones se concentra en estructuras burocráticas alejadas del territorio y blindadas del control ciudadano.

Esta precariedad no es neutra. Tiene efectos políticos concretos. Vuelve a concejales y comisionados vulnerables, dependientes, administrables. Los empuja a la intermediación permanente, a la gestión informal, al pedido constante. Son la cara visible del Estado, pero sin Estado detrás. El vecino reclama donde puede, y el desgaste cae siempre sobre el mismo lugar: el nivel más bajo de la representación.

En ese esquema, el componente electoral aparece como una pieza más —importante, pero no excluyente— del problema. En cada elección, concejales y comisionados funcionan como el verdadero despliegue territorial del sistema político. Recorren barrios, pueblos y comunas, suman voluntades, ordenan boletas, traccionan votos. En el sistema de acoples, su rol es central. Muchos quedan en el camino, no alcanzan bancas ni cargos, pero sus votos engrosan los totales de quienes sí llegan.

El punto no es ese rol en sí, sino lo que ocurre después. Una vez cumplida la función electoral, la representación de base vuelve a quedar relegada. La legitimidad que ayudó a construir poder no se convierte en autonomía institucional. El ejército territorial es desmovilizado y devuelto a la intemperie política.

El resultado es una democracia que funciona para ganar elecciones, pero no para gobernar la realidad cotidiana. Un sistema que desvaloriza el voto en su tramo más cercano al ciudadano y premia la obediencia administrativa por sobre la representación efectiva. Se elige, pero no se decide. Se vota, pero no se empodera.

Mientras esta lógica no se discuta, la democracia seguirá siendo formal, pero débil en su base. Y cuando el primer eslabón es el más castigado, el problema no es de nombres ni de campañas: es de diseño del poder.