Cuando se hereda en vez de construir
La división de poderes es una de esas ideas luminosas que la democracia repite como un mantra. Se enseña en la escuela, se cita en los discursos y se invoca cada vez que el sistema necesita legitimarse. En Tucumán, sin embargo, esa división suele tener un límite claro y preciso: la puerta de la casa familiar.
Porque afuera, en el recinto, los poderes se separan. Adentro, en la sobremesa, se reconcilian.
No es el apellido. Es el sistema
No se trata de demonizar apellidos ni de discutir vocaciones políticas. Nadie pierde derechos civiles por tener un padre intendente o una esposa diputada. El problema empieza cuando la República exige algo más que vocación: exige independencia.
¿Puede haber independencia real cuando el legislador debe controlar a un Ejecutivo que gobierna desde su propia familia?
¿Puede haber control efectivo cuando el poder que se audita es el que garantiza gobernabilidad, recursos y proyección política al familiar directo?
La pregunta no es moral. Es institucional. Y la respuesta incomoda.
El mapa familiar del poder
Tomando como base el listado oficial de legisladores provinciales en funciones, el entramado es claro y persistente. No responde a un partido, a una coyuntura ni a una moda electoral. Es transversal, histórico y aceptado con una naturalidad que ya no sorprende a nadie.
Algunos casos, todos conocidos en la política tucumana:
- Sergio Mansilla, legislador, es padre de la intendenta de Aguilares y esposo de una diputada nacional. La división de poderes, versión familia tipo.
- Gabriel Yedlin comparte sangre y apellido con un diputado nacional. El control legislativo, en clave fraterna.
- Tulio Caponio ocupa una banca mientras su hermano conduce la SAT, una de las empresas más sensibles del Ejecutivo provincial.
- Tomás Cobos es hijo del Defensor del Pueblo, organismo que debería actuar como contrapeso del poder político.
- Carlos Gallia legisla mientras su pareja gobierna Lules. Ejecutar y legislar sin necesidad de cambiar de agenda familiar.
- Sandra Lizárraga fue esposa del intendente de Famaillá. El vínculo afectivo terminó; el institucional, no.
- Leopoldo Rodríguez es hermano de la intendenta de La Cocha.
- Los hermanos Najar, legisladores, tienen lazos directos con la intendenta de Las Talitas.
- El hijo de Roberto Serra gobierna Monteros mientras su padre legisla.
- El hermano de Roberto Moreno conduce Trancas.
No son todos los casos. Son los más evidentes. Los que no requieren demasiada imaginación ni lupa periodística.
El control que se posterga
La democracia supone conflicto. El conflicto supone incomodidad. Y la incomodidad es difícil de sostener cuando el poder tiene nombre, apellido y lugar fijo en la mesa del domingo.
Nadie imagina a un legislador votando en contra de algún pedido del poder Ejecutivo cuando es el propio gobernador que autoriza los fondos del Pacto Fiscal del que depende el presupuesto del municipio que gobierna su pariente directo.
Nadie espera un control severo sobre un Ejecutivo del que depende la carrera política del hermano o de la pareja.
No hace falta hablar de corrupción. Alcanza con hablar de incentivos. Y los incentivos familiares rara vez empujan al conflicto institucional.
Transversal y persistente
Este fenómeno no distingue ideologías ni banderas. Cruzó gobiernos, partidos y discursos refundacionales. La gran mayoría de los espacios políticos lo intentó: colocar un familiar, un heredero, un vínculo directo. Algunos lo lograron. Otros no llegaron, pero el reflejo quedó expuesto.
El caso de Ricardo Bussi es ilustrativo: su llegada a la Legislatura no puede comprenderse sin la figura de su padre. En Tucumán, el poder rara vez nace de la nada; suele venir acompañado de una genealogía.
Una república con clima doméstico
La Constitución habla de frenos y contrapesos. La realidad muestra acuerdos tácitos, silencios estratégicos y controles que nunca se activan. Cuando el poder se organiza en núcleos familiares, la independencia legislativa se vuelve una cortesía y la división de poderes, una fórmula declamativa.
No es ilegal. Pero tampoco es sano.
Porque una democracia puede tolerar muchas imperfecciones, salvo una: que quienes deben controlarse entre sí compartan apellido, afectos y destino político.
