Catalán y la tentación de recortar democracia
Cuando un funcionario propone eliminar instituciones democráticas en nombre del ahorro, no está haciendo una propuesta técnica: está expresando una concepción del Estado y del poder. En ese marco debe leerse la iniciativa del exministro Lisandro Catalán (foto de redes) de suprimir las comunas rurales en Tucumán bajo el argumento de combatir el clientelismo y reducir el gasto público.
El problema no es sólo lo que se dice, sino lo que se naturaliza cuando nadie responde. El silencio —de parte de la dirigencia política y de buena parte de la prensa— termina funcionando como aval. Defender las instituciones también implica discernir, tomar posición y llamar a las cosas por su nombre.
Las comunas rurales no son un desvío del sistema democrático: son parte constitutiva de él. Representan el derecho de miles de tucumanos a elegir y ser elegidos en territorios donde la cercanía del Estado no es un lujo, sino una necesidad. Plantear su eliminación supone reducir el voto a una variable presupuestaria y convertir la representación política en un gasto prescindible.
Catalán propone suprimir autoridades electas sin explicar con claridad qué modelo las reemplazaría. ¿Funcionarios designados a dedo desde municipios o desde el Ejecutivo provincial? ¿Delegados sin legitimidad popular? ¿Una administración centralizada que obligue a los vecinos de las comunas a trasladarse para resolver trámites básicos? En todos los casos, el resultado es el mismo: menos democracia, menos control ciudadano y más concentración de poder.
El argumento del clientelismo, además, es tan cómodo como inconsistente. El clientelismo no es una falla de la arquitectura institucional; es una patología de la política cuando falla la ética pública, la idoneidad y el control. Si ese fuera el criterio, habría que empezar por revisar múltiples niveles del Estado donde abundan designaciones discrecionales, cargos sin concurso y directorios sobredimensionados que nadie se atreve a tocar. Como YPF de cual forma parte el fugaz ex ministro del Interior.
Resulta llamativo que quienes defienden la supresión del voto en las comunas no propongan recortes equivalentes allí donde el poder real está concentrado. El problema, entonces, no parece ser el gasto ni la eficiencia, sino quién decide y quién controla.
Las comunas cumplen funciones esenciales: mantenimiento de caminos rurales, asistencia social inmediata, articulación con escuelas, centros de salud y fuerzas de seguridad, gestión cotidiana de problemas que un escritorio lejano no ve ni entiende. Pensar que todo eso puede manejarse “a distancia” revela un desconocimiento profundo del Estado territorial y de la realidad rural tucumana.
Si el objetivo fuera genuinamente mejorar la calidad institucional, el camino es otro y está probado: auditorías reales, rendición de cuentas, límites a la discrecionalidad, profesionalización de la administración, concursos, controles cruzados y exigencia de idoneidad. Esas herramientas fortalecen la democracia. Eliminar instituciones la debilita.
Las ideas de tribuna suelen ser ruidosas y efectistas. Las ideas de Estado exigen estudio, responsabilidad y respeto por la historia institucional. Proponer menos representación y menos participación en un contexto de crisis de confianza política no es valentía reformista: es una simplificación peligrosa.
Desde Quórum, callar no es una opción. Defender las instituciones implica incomodar, señalar y sostener posiciones. Para la tibieza están los mediocres. La democracia se discute, se mejora y se fortalece. No se recorta.
