Casi medio centenar de tucumanos quieren ser Ombudsman

El plazo para inscribirse como candidato a conducir la Defensoría del Pueblo de Tucumán cerró con 46 postulantes registrados en la Legislatura. El número, por sí mismo, instala una pregunta política antes que administrativa: ¿qué se está disputando realmente cuando casi medio centenar de personas compite por un organismo que, en teoría, debe controlar al poder y no integrarlo?

El mandato del actual defensor vence en las próximas semanas y el proceso formal ya está en marcha. Se abre ahora la etapa de observaciones e impugnaciones, luego el análisis de antecedentes y finalmente la decisión legislativa. El procedimiento está previsto en la ley. La discusión de fondo, en cambio, excede el trámite.

La Defensoría del Pueblo fue concebida como un órgano de control extrapoder. Su función es proteger derechos individuales y colectivos frente a actos u omisiones de la administración pública. No gobierna, no legisla, no juzga. Interviene cuando el ciudadano queda en desventaja frente al Estado. Esa es su razón institucional.

Sin embargo, su diseño tiene una tensión estructural: el Defensor es elegido por la Legislatura. Es decir, por el mismo sistema político al que eventualmente deberá observar, cuestionar o incomodar. La independencia no se declama; se ejerce. Y ese ejercicio depende tanto del perfil del designado como del contexto político que lo rodea.

La nómina oficial es la siguiente:

Juan Eduardo Rojas – Sonia Mabel Toledo – Miguel Francisco Paz – Christian Aníbal Fernández – María Celeste Vales – Mónica del Valle Villa – Jorge Bernabé Lobo Aragón – Eduardo Alberto Cobos – José Hermenegildo García – Julio Augusto Picabea – Fernando Said Juri – María Pamela Tenreyro – Agustín Fernández – María Cristina Idigoras – Elsa Beatriz de Fátima Hasán Jalil – Rolando Silvestre Argañaraz – Pedro Joaquín Prioris – Claudia Isabel Boyanovsky – Daniel Jorge Mendoza – Gustavo Moisés Gaon – Juan Manuel Guevara – David Fernando Mizrahi – Lourdes Cecilia Núñez – Sebastián Uro Romero – Paula Francisca Nemer – Francisco Osvaldo Mejías – Álvaro Eugenio Contreras – Ramón Roque Acuña – César Ismael Toledo – Martín Garzón – Estela María Apud – Clelia Nahir Cruz Sánchez – Raúl Carlos Daniel – Daniel Alberto Ponce – Mabel Andrea Bravo – Facundo Vergara – Julio Gerardo Valdez – Gustavo José Usandivaras – Rubén Darío Vega Herrera – Jorge Eduardo Rocha – Alejandra Racedo – Eduardo Esteban Sarris – Julio Efraín Herrera Piedrabuena – Silvana Beatriz Pinto Gallardo – José Alfredo Ramos – José Antonio Alcaraz

El listado combina perfiles con trayectoria pública conocida y otros sin exposición mediática relevante. Hay ex funcionarios, dirigentes políticos, profesionales del derecho y actores del ámbito social. También está el actual titular, lo que introduce la variable continuidad.

Pero el punto central no es la cantidad ni la diversidad. Es la naturaleza del cargo. La Defensoría no fue creada como espacio de representación partidaria ni como plataforma de proyección personal. Su función es modular el conflicto entre ciudadanía y administración pública. Es un órgano pensado para equilibrar una asimetría.

La pregunta, entonces, no es solo quién quiere ser Defensor del Pueblo. La pregunta es si el próximo titular asumirá el rol de contrapeso institucional o si el organismo continuará orbitando dentro de la lógica política que debe controlar.

En un sistema provincial donde la concentración de poder es una característica estructural, la Defensoría puede ser un actor relevante o un engranaje más. El proceso que ahora se inicia definirá algo más que un nombre: definirá el alcance real de un órgano creado para defender al ciudadano cuando el poder excede sus límites.