Autonomía municipal en Tucumán: intendentes que gobiernan pero no administran

Más de veinte años después de la centralización fiscal impulsada en la provincia, la mayoría de los municipios continúa entregando su coparticipación para que el gobierno provincial pague sueldos y sostenga sus cuentas. Una cadena de dependencias que recorre toda la estructura del Estado.

La política tucumana suele discutirse en los grandes discursos, en los actos y en las declaraciones públicas. Sin embargo, muchas veces la verdadera radiografía del poder se encuentra en un lugar más silencioso: los mostradores donde se firman los acuerdos que permiten que el Estado funcione.

Allí, lejos de las cámaras, vuelve a aparecer una escena conocida. Intendentes que acuerdan con la Provincia la cesión de sus recursos coparticipables para garantizar que alguien pague los sueldos y sostenga los gastos básicos de sus municipios.

Sucede ahora con el nuevo paquete de acuerdos fiscales firmados entre intendencias y el gobierno provincial. En total, 16 municipios tucumanos aceptaron distintos mecanismos de asistencia financiera. En once casos la decisión fue más profunda: ceder completamente los recursos de coparticipación para que el Ejecutivo provincial administre esos fondos y pague principalmente la planilla salarial.

El mecanismo refleja una estructura que no nació ahora. A comienzos de los años 2000, durante la gestión del entonces gobernador José Alperovich, la implementación de la Caja Única y del Pacto Social redefinió el vínculo fiscal entre la Provincia y los municipios. Aquellas medidas ordenaron un sistema que atravesaba una crisis profunda, pero al mismo tiempo consolidaron una relación de dependencia que con el tiempo se volvió estructural.

Desde entonces la arquitectura del poder fiscal en Tucumán parece una serie de muñecas rusas: cada nivel depende del otro para sostenerse. La Provincia, a su vez, depende de los recursos que llegan desde la Nación. Y los municipios dependen de la Provincia para cerrar sus números. Una cadena donde la autonomía se vuelve relativa en cada eslabón.

Sucede entonces que el intendente gobierna su ciudad, pero muchas veces no administra sus recursos.

En ese tablero, la política también se redefine. Cuando los sueldos municipales se pagan con fondos administrados por la Provincia, la relación entre oficialismo y oposición adquiere otra dimensión. El margen de independencia política queda condicionado por la necesidad cotidiana de sostener el funcionamiento del municipio.

En Tucumán hubo antecedentes que mostraron otro camino. Durante la intendencia de Domingo Amaya, la capital decidió salir del pacto fiscal provincial. La Secretaría de Hacienda, conducida por Silvio Bellomio, encaró entonces un proceso de ordenamiento que permitió cancelar en apenas diez meses una deuda acumulada durante varios años con la Provincia.

Aquella experiencia tuvo impacto político porque demostró que la dependencia no era inevitable, aunque exigía una administración estricta y una decisión política clara.

Diez años después, el panorama general parece haber vuelto al punto de partida. La mayoría de los municipios continúa dentro de un sistema en el que el intendente gestiona su territorio mientras el poder financiero real permanece concentrado en el Ejecutivo provincial.

Sucede entonces algo que define buena parte del funcionamiento institucional tucumano: la Provincia aparece condicionada por los recursos que recibe de la Nación, mientras los municipios quedan atados a la Provincia para sostener sus presupuestos.

Una cadena de dependencias que termina dibujando una paradoja política. En los papeles, Tucumán tiene municipios autónomos. En la práctica, muchos de ellos siguen esperando cada mes que la Provincia abra la ventanilla para pagar los sueldos.