Agustín Fernández se encamina a ser electo Defensor del Pueblo
La Legislatura de Tucumán dio un paso clave en el proceso de designación del próximo Defensor del Pueblo. En una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Peticiones y Acuerdos, los legisladores emitieron dictamen por unanimidad y definieron la terna que será elevada al recinto para su votación el viernes 6.
De los 45 postulantes que se presentaron, los seleccionados fueron Agustín Fernández, Claudia Boyanovsky y José Alcaraz. La decisión, adoptada sin disidencias, ordena el escenario político y deja a Fernández en una posición expectante de cara a la sesión en la que se definirá el reemplazo en la Defensoría del Pueblo.
Fernández dejó recientemente su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, es señalado como el candidato impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo para ocupar la Defensoría, lo que refuerza su posicionamiento dentro del oficialismo y anticipa un respaldo mayoritario en el recinto.
El encuentro de comisión fue encabezado por la legisladora Carolina Vargas Aignasse y contó con la participación de Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Agustín Romano Norri, Adriana Najar, Tulio Caponio, Gerónimo Vargas Aignasse, Carlos Najar, Tomás Cobos, Ricardo Bussi y Maia Martínez. La unanimidad del dictamen no es un dato menor en un proceso que, en otras oportunidades, registró mayores niveles de disputa.
La Defensoría del Pueblo es un órgano extrapoder con autonomía funcional cuyo titular debe intervenir ante reclamos individuales y colectivos frente a actos u omisiones del Estado provincial y de empresas prestatarias de servicios públicos. En un contexto de presión económica y conflictividad social, el cargo adquiere una dimensión política adicional.
La sesión del viernes será el punto de definición. Si se replica en el recinto el consenso expresado en comisión y se consolida el alineamiento del oficialismo detrás del nombre promovido por la Casa de Gobierno, Agustín Fernández quedará al frente de un organismo que funciona como interfaz entre la ciudadanía y la estructura estatal.
