Patoteriles: El gobernador admite posibles detenidos inocentes
Una frase del propio gobernador Osvaldo Jaldo, difundida por los canales oficiales de la Provincia, abrió un flanco delicado que va más allá del relato sobre hechos de violencia y pone el foco en el accionar policial y judicial. Al referirse a los incidentes ocurridos en el sur tucumano, el mandatario reconoció que entre los detenidos podría haber personas que no participaron de los hechos violentos y pidió que se identifique a “los verdaderos autores”.
El reconocimiento no es menor. En la misma intervención en la que condenó actitudes “patoteriles”, Jaldo sostuvo que en el episodio hubo “espectadores”, personas que intentaron separar y otros que fueron los responsables directos. Al afirmar que no se quiere “ningún inocente detenido”, el gobernador admite implícitamente que el proceso de detenciones no habría discriminado con claridad entre los distintos roles.
En paralelo a estas declaraciones, se registraron marchas y manifestaciones públicas reclamando la liberación de personas consideradas inocentes, una señal de que el conflicto ya excede el hecho puntual y se proyecta como un cuestionamiento al procedimiento policial y a la respuesta del Estado frente a situaciones de violencia.
Hoy, según la información disponible, sólo permanecen dos personas detenidas, dato que refuerza las dudas sobre la necesidad y proporcionalidad del operativo inicial. En ese contexto también comenzó a desmoronarse una de las hipótesis más repetidas en el tratamiento mediático del caso: la que vinculaba automáticamente a los involucrados con el rugby.
La madre de uno de los detenidos fue categórica al desmentir esa versión. Afirmó públicamente que su hijo no juega ni jugó nunca al rugby y cuestionó con dureza el procedimiento policial, al que calificó de desmedido y carente de criterios claros al momento de realizar las detenciones. Sus declaraciones pusieron en evidencia cómo ciertas etiquetas funcionan más como atajos narrativos que como datos comprobados.
El episodio deja además una pregunta incómoda que atraviesa a buena parte de la sociedad: ¿por qué hay tantos policías disponibles para detener y tan pocos para prevenir? La desproporción entre despliegue represivo y presencia preventiva vuelve a instalar el debate sobre las prioridades en materia de seguridad pública.
Finalmente, el reconocimiento explícito del gobernador abre un interrogante institucional de mayor alcance. Si el jefe del Poder Ejecutivo admite públicamente que puede haber personas inocentes privadas de su libertad, ¿no debería la Justicia citarlo o al menos requerirle precisiones sobre sus dichos? No se trata de una cuestión política, sino de una afirmación con potencial impacto judicial, que toca de lleno el principio de presunción de inocencia.
Lo que comenzó como un relato oficial sobre “patoterismo” derivó en un escenario más complejo: marchas, familiares denunciando abusos, versiones mediáticas que se caen y un gobernador que, en una publicación oficial, reconoce grietas en el proceso. El riesgo ya no es sólo el hecho de violencia, sino el daño institucional que puede producirse cuando la respuesta del Estado parece ir más rápido que las garantías.
