Tres meses de prisión preventiva para Gordillo
La Justicia tucumana dictó tres meses de prisión preventiva efectiva para Justina Gordillo, imputada por encubrimiento personal y real doblemente agravado en el marco de la causa que investiga el crimen de Érika Antonella Álvarez. La medida fue dispuesta por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y rechazó los pedidos de la defensa para morigerar la detención.
La resolución llegó tras una serie de allanamientos realizados el domingo por la tarde en countries de Yerba Buena, procedimientos que tuvieron un objetivo concreto: dar con la imputada. No se trató de operativos preventivos ni de rastrillajes generales. En barrios cerrados con accesos restringidos y control de seguridad privada, el ingreso de fuerzas judiciales solo fue posible mediante órdenes judiciales expresas.
Gordillo no está acusada de haber participado en el homicidio. La imputación que pesa sobre ella es por encubrimiento personal y real, calificado como doblemente agravado.
El agravamiento responde, por un lado, a la gravedad del delito precedente y, por otro, a su condición de empleada judicial, circunstancia que, según la acusación fiscal, le imponía un deber funcional reforzado y agrava su conducta frente a la ley penal.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Gordillo habría intervenido después del crimen, colaborando en maniobras destinadas a ocultar el cuerpo, hacer desaparecer pruebas relevantes —entre ellas el teléfono celular de la víctima— y favorecer la situación de Felipe “El Militar” Sosa, principal imputado por el homicidio.
El cuerpo de Álvarez fue hallado en un basural de Manantial Sur. La reconstrucción fiscal sostiene que la joven fue asesinada entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de enero, tras una secuencia de golpes y asfixia, para luego ser trasladada y abandonada.
Sosa permanece detenido con prisión preventiva por seis meses, imputado como autor del homicidio. La investigación, sin embargo, no se limita a su figura ni a la de Gordillo. El expediente avanza sobre lo ocurrido antes y, especialmente, después del crimen, un tramo clave para determinar responsabilidades penales.
La defensa de Gordillo, a cargo de los abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala, se opuso a la prisión preventiva y solicitó alternativas como la detención domiciliaria. El juez rechazó los planteos y consideró acreditados riesgos procesales concretos, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, en una causa que aún mantiene líneas abiertas.
Un dato no menor en el desarrollo del expediente es que la causa atraviesa la feria judicial con cambios en la intervención fiscal, una dinámica que responde a la organización interna del Ministerio Público y que no detuvo la producción de medidas. Distintos fiscales fueron tomando intervención en la instrucción, manteniendo la continuidad del proceso y el análisis de pruebas, comunicaciones y registros.
El avance de la causa generó impacto en Yerba Buena, no por escenas públicas ni despliegues espectaculares, sino por el alcance del expediente sobre entornos sociales cerrados, relaciones previas y ámbitos que rara vez quedan bajo el foco de una investigación penal de esta magnitud.
La prisión preventiva de Justina Gordillo no constituye una condena, pero sí un punto de inflexión en la causa por el crimen de Érika Álvarez. La Justicia decidió avanzar sobre el encubrimiento con una calificación agravada y medidas de máxima intensidad.
El expediente sigue abierto. Y la instrucción, lejos de cerrarse, sigue profundizándose.
